eracruz vive una verdadera crisis de gobernabilidad, la cual se observa no sólo en lo económico, que es el aspecto más evidente de la corrupción desenfrenada y del manejo indiscriminado de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Alcanzó también la viabilidad a mediano plazo de lo poquísimo que quedaba del Estado benefactor –en su versión priísta posmoderna– y acabó por demoler las instituciones a tal grado que en los últimos meses de la gestión de Javier Duarte la ausencia de gobierno torna cada vez más peligroso el trance sucesorio.

Es un futuro inmediato enfrentado a la posibilidad de que no sean pocos los duartistas que pisen la cárcel por ser señalados como autores materiales del saqueo, pero el cierre gubernamental se ve amenazador y escabroso para el resto de los casi 8 millones de veracruzanos.

Duarte debilitó a tal extremo la figura del Estado que lo entrampó en una disfuncionalidad económica, política y social; acabó con los pactos, los acuerdos, las reglas y los procedimientos con los que venía funcionando pese a la prolongada era de gobiernos priístas y el consecuente constipamiento de su clase política.

No obstante los vicios que se habían establecido de manera convencional entre gobierno y organizaciones, partidos y grupos de presión, y las contradicciones y pugnas entre élites priístas, las sucesiones no tenían mayores consecuencias para la sociedad.

Pero en la actualidad, la fragmentación y división del estado provocó un profundo debilitamiento de la seguridad y estabilidad de las instituciones, con la cauda de caos, incertidumbre e inestabilidad que han puesto a Veracruz en el escenario nacional como uno de los peores lugares para vivir por la despreocupada actividad de la delincuencia, que hace de las suyas a pleno día.

Cuatro estudiantes, dos de la Universidad Veracruzana y dos del Tecnológico de Veracruz, fueron secuestrados en el puerto hace seis días y aún se desconoce su paradero.