Chihuahua, Chih.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitaron al Estado mexicano un informe sobre la queja que barras y colegios de abogados de la entidad, apoyados por la federación mexicana de esa profesión, presentaron en diciembre de 2015 (contenida en el expediente 44/15) en contra de la designación de magistrados y jueces por parte del Poder Judicial de Chihuahua.

En un comunicado, la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua recordó que a finales de 2015 acudió a organismos internacionales ante la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial del Estado, lo cual violenta las garantías judiciales de los habitantes de la entidad, afirman.

En el documento entregado a la CIDH y la OEA, los abogados detallaron errores y vicios en el nombramiento de 13 magistrados del pleno del Tribunal Superior de Justicia, en el llamado proceso de oxigenación promovido por el gobernador priísta César Duarte Jáquez en noviembre de 2014.

Nombramientos al vapor

Señalaron que magistrados y jueces fueron beneficiados con nombramientos al vapor, sin mayores méritos profesionales, académicos o de carrera judicial, sino por parentesco o amistad con figuras políticas, lo cual evita que sean independientes.

En la queja solicitaron a la CIDH enviar una carta al Estado mexicano para que, en términos del artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, informe sobre la situación del nombramiento de jueces y magistrados en el estado.

Las organizaciones aseguraron que en su más reciente plenaria la CIDH aprobó solicitar un informe en términos diplomáticos al Estado mexicano, de lo cual se notificó a las autoridades por conducto de la misión de México ante la OEA.