En la capital se tienen identificados 859 asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, que abarcan 2 mil 715 hectáreas, señala un diagnóstico incluido en el proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) de la Ciudad de México, presentado recientemente.

Con base en datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) capitalina, el documento señala que en dichas áreas invadidas se han construido 40 mil 961 viviendas de diversos tipos, en las que habitan 241 mil 653 personas.

Este problema se presenta en nueve de las 16 delegaciones capitalinas, pero especialmente en Xochimilco, con 308 asentamientos con categoría de conurbación alta, así como Tlalpan, con 186, y Milpa Alta, con 122, que concentran más de 70 por ciento de los asentamientos irregulares.

Las otras delegaciones con este fenómeno son Tláhuac, con 93 asentamientos; Cuajimalpa, 68; Iztapalapa, 36; Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras, 16 cada una, y Álvaro Obregón, 14.

El diagnóstico destaca que para atender este problema se creó la Comisión de Regulación Especial (CRE), órgano colegiado encabezado por la autoridad delegacional e integrado por representantes de la Seduvi y la Secretaría de Medio Ambiente local, encargado de que se cumpla la Norma de Ordenación Particular de Atención a los Asentamientos Humanos Irregulares en el Suelo de Conservación.

Sin embargo, sólo en Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta e Iztapalapa el CRE está en funciones, mientras que en Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón las autoridades no han convocado a los integrantes de la comisión para su instalación.

En Cuajimalpa y Magdalena Contreras, en sus programas de desarrollo urbano vigentes no se incluye una política de atención a los asentamientos humanos irregulares, aunque en los proyectos de actualización de los mismos ya se prevé.

El documento señala que la proliferación de asentamientos irregulares desde la segunda mitad del siglo pasado es consecuencia de que la política urbana de la ciudad ha sido incapaz de solucionar las necesidades de vivienda de la mayoría de los grupos con menos recursos.

Aclara que hay asentamientos de población de alto poder adquisitivo a los que se ha tolerado su permanencia, sin que haya sanción o mitigación por la ocupación del suelo de conservación.

Ante este problema, el proyecto de PGDU elaborado por el Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, cuyo envío a la Asamblea Legislativa para su aprobación se prevé a finales de este mes, plantea contener la expansión urbana hacia el suelo de conservación con medidas como establecer límites entre éste y el área urbana y definir las poligonales de los poblados rurales.