El gobierno federal utilizará los fideicomisos públicos para el gasto 2017, anunció ayer a la Cámara de Diputados la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez. Aunque no explicó el monto ni de cuáles se echará mano, en los 342 existentes había disponibles 609 mil 186 millones de pesos al segundo trimestre.

Estamos buscando alternativas de financiamiento: inversión privada nacional e internacional, asociaciones público-privadas, innovaciones financieras, banca de desarrollo y los fideicomisos que han sido alimentados y podemos utilizar para detonar el crecimiento, dijo.

En reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar el paquete económico 2017, la funcionaria argumentó que el país sí reporta crecimiento, pero está limitado, como el del mundo y el de Estados Unidos, sobre todo el sector industrial de ese país, y dijo que en ese contexto, en caso de no presentar una propuesta con el grado de responsabilidad y el monto del recorte (239 mil 700 millones), sí habría un impacto en la economía.

Ante las críticas de los diputados por el efecto de los recortes, y las preguntas sobre la desaparición del seguro para jefas de familia, Rubio Márquez dijo que el fideicomiso de este programa tiene disponibles 3 mil 200 millones de pesos, que se utilizarán para financiarlo y pagarlo por cuatro años, e incluso incrementar el monto.

Insistió en que para 2017 se utilizarán los recursos que tenemos a mano.

De acuerdo con el Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, enviado a la Cámara de Diputados, al 30 de junio las disponibilidades en fideicomisos ascienden a 609 mil 186.2 millones de pesos, 11.7 por ciento más respecto del mismo periodo de 2015, cuando fue de 524 mil 856.1 millones. De ese total, 86.2 por ciento se concentra en 25 fideicomisos.

Por otra parte, el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher, explicó a los legisladores que los resultados de contratos con empresas privadas de las tres licitaciones en exploración y explotación de petróleo sugieren que se garantiza la renta petrolera para el Estado mexicano, se obtienen partidas y claramente se recibe la gran mayoría de las utilidades de los proyectos.

Esto porque, dijo, además del impuesto sobre la renta de 30 por ciento se cobra una regalía de 10 por ciento de los ingresos brutos, así como impuestos de territorio que redundarán entre 70 y 90 por ciento de las utilidades. Aclaró que es preferible recibirlas a lo largo del contrato y no con un bono a la firma de los convenios. Si exigimos un pago más alto hoy, será un pago menor en el futuro, explicó.

Respecto de los precios de los combustibles, Messmacher insistió en que para 2017 éstos bajarán o subirán según las cotizaciones internacionales, bajo supervisión de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Competencia Económica, que al cierre del año presentarán un calendario de apertura y las regiones involucradas.