El contralor general del gobierno capitalino, Eduardo Rovelo Pico, enfrentó reclamos de diputados de la Asamblea Legislativa que lo acusaron de solapar actos de corrupción, particularmente el uso de recursos públicos durante las pasadas elecciones de diputados de la Asamblea Constituyente y de comités ciudadanos; usar la dependencia para perseguir a adversarios políticos, y encubrir contratos abusivos como el del Cetram Chapultepec y el del sistema de fotomultas.

El PRD exigió en tanto una profunda investigación al gobierno delegacional de Cuauhtémoc, al advertir del oscuro pasado de Ricardo Monreal con la delincuencia organizada.

Al acudir al pleno por la glosa del cuarto Informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera, imperó el reclamo por el programa de empleo temporal, que tuvo una inversión de 686 millones de pesos y que a decir de Aleida Alavez (Morena), permitió a las seis delegaciones gobernadas por el PRD y varias dependencia contratar a miles de trabajadores, sin que mediara emergencia alguna durante el proceso de elección de diputados al Constituyente.

Rovelo afirmó que el programa se aplicó bajo lineamientos que operan desde 2003.