La cultura democrática en México está débil por la corrupción, la apreciación de que este régimen no ha ofrecido resultados satisfactorios en prácticamente ninguno de los ámbitos que vinculan a la sociedad con sus gobiernos, el descrédito de los sistemas de justicia, la captura política de los puestos públicos y la concentración de los medios de comunicación.

A petición del Instituto Nacional Electoral (INE), un comité de expertos parte de este diagnóstico crudo para proponer una Estrategia nacional de cultura cívica 2017-2023, con tres líneas de acción que se resumen en: Mucha verdad, mucho diálogo y mucha exigencia como base para que los ciudadanos se apropien desde abajo, desde adentro y transversalmente del espacio público.

La mayor parte del documento, de 420 páginas, analiza las 10 causas del problema público que ha desafiado la consolidación de la cultura democrática de México para al final sugerir estrategias que –los propios autores reconocen– no resuelven tantos problemas y se limitan a incidir en la cultura democrática.

Dicha propuesta, que será votada en el Consejo General, fue elaborada por estudiosos de estos temas: Mauricio Merino, Roberto Gutiérrez López, Lourdes Morales Canales, María Fernanda Somuano y Francisco Valdés Ugalde, con base en documentos internos del INE, de diversas instancias públicas y opiniones de árbitros estatales, entre otros.

Existe además desencanto con la calidad de los servicios públicos ofrecidos por la administración pública, una percepción de corrupción e inseguridad en todo el territorio del país y el descrédito de los sistemas de justicia.

La televisión es el medio de comunicación predilecto en el país para informarse, pero también el que presenta mayor grado de concentración, lo que, desde su perspectiva, podría estar comprometiendo la pluralidad e incluso la calidad del contenido, lo cual repercute en la opinión pública.

Consideran que consolidar la independencia de los medios –en un contexto de violencia que criminaliza la crítica y modula la opinión pública a través del gasto publicitario– es un reto.

Advierten que la disolución paulatina del pacto social se agrava en condiciones adversas de inseguridad que dificultan la exigencia de justicia y deterioran las libertades de los individuos.

En este contexto, la cultura de la ilegalidad tiende a reproducirse, aumentan las arbitrariedades del Estado, lo cual reproduce un círculo vicioso en el que la poca credibilidad en las autoridades genera incentivos para evadir las leyes o tomar la justicia por mano propia.

Los especialistas proponen una batería de estrategias, algunas ya instrumentadas por el INE, como dar información a los electores de los candidatos competidores, que tampoco han sido exitosas, porque los partidos políticos no suelen suministrar esos datos y menos las declaraciones patrimoniales de sus abanderados.

Otras se refieren a temas requeridos por ley, como obligar a los partidos políticos a dar información sobre sus finanzas.

También sugieren soluciones que involucran más a autoridades educativas, como fomentar la participación en las escuelas o contribuir a la formación de docentes y replicadores en materia de cultura cívica.