a presencia de Sempra Energy y sus reconversiones –su filial IEnova es propietaria de Energía Costa Azul, la regasificadora ubicada en el kilómetro 81.2 del corredor turístico Tijuana-Ensenda– preocupa a la comunidad porque su estrategia ha sido siempre el regateo de información a pobladores y autoridades. Nadie exigiría detalles si el manejo de grandes cantidades de gas no implicara un riesgo para la vida y el entorno.

El pasado 14 de septiembre, Southern California Gas Co, otra de sus filiales, ésta con sede en San Diego, California, se comprometió a pagar una multa de 4 millones de dólares para terminar un juicio que entabló el condado de Los Ángeles debido a una fuga masiva de gas natural de sus instalaciones en Aliso Canyon, en octubre de 2015.

La empresa tardó tres días en reportar la fuga a las autoridades y al departamento de bomberos. Y todavía enfrenta juicios por tres delitos más.

Quienes viven en las inmediaciones de Costa Azul (los pequeños hoteleros y habitantes de Bajamar, un desarrollo habitacional con campo de golf ubicado a mil 200 metros) no sólo han visto mermada su seguridad, sino también su economía, porque una zona del estado con vocación turística, es hoy un emporio industrial que crece cada día con más plantas de gas natural y LP (licuado de petróleo), una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y ductos que corren hacia Estados Unidos. Así, ahora escasean los turistas y la información.