a reciente designación de Tomás Zerón como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad vino a confirmar un patrón de conducta del régimen de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento y la protección de altos funcionarios del aparato coercitivo del Estado, a quienes, de ser investigados y juzgados por instancias y tribunales apegados a las normas administrativas y penales vigentes, podrían fincárseles delitos considerados graves por el derecho internacional humanitario.

El mensaje de Peña Nieto es claro: al no castigar y cobijar a Zerón se está protegiendo a sí mismo como presunto responsable −siguiendo la cadena de mando− de lo que podría constituir un crimen de Estado. Una investigación a fondo y apegada a derecho de las irregularidades cometidas en el caso Iguala podría llevar a concluir que el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal no cumplió con los protocolos que marca la ley, incurrió en omisiones y abuso de autoridad, pudo modificar la escena del crimen, manipular pruebas y sembrar evidencias, ordenar apremios ilegales a sospechosos y elaborar lo que el ex procurador general de la República (PGR) Jesús Murillo Karam calificó de verdad histórica de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, con la finalidad de encubrir delitos que, como la tortura, la ejecución sumaria extrajudicial o arbitraria y la detención-desaparición forzada de personas podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad, propios del terrorismo de Estado.

Dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que la indagatoria de la PGR sobre la ejecución arbitraria de seis personas −tres de ellas estudiantes y uno de los cuales, Julio César Mondragón, fue previamente torturado− y la detención-desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa estuvo plagada de irregularidades en un marco de complicidades y encubrimientos. La actitud gubernamental ha sido administrar el caso con la intención de desgastar a los familiares de las víctimas, que han sido sometidos a una campaña de estigmatización y criminalización en la prensa afín al régimen.

Antes de ser prácticamente expulsado del país en abril pasado, en medio de una campaña de linchamiento mediático, el GIEI señaló que Zerón incurrió en 17 irregularidades. Por ello solicitó una investigación independiente –sin que el funcionario se autoinvestigue−, como marcan la ley orgánica de la PGR y las normas internacionales. Los expertos acusaron a Zerón de deformar y falsear declaraciones de autoinculpados torturados y filtrarlas a las medios con propósitos diversionistas, así como de fragmentar, bloquear y ocultar averiguaciones previas relativas al caso.

Tras exhibirlo en un video, el GIEI consideró a Zerón pieza clave en la tácita siembra de una bolsa con restos óseos en el río San Juan que, a la postre, a través del análisis de ADN, sirvió para certificar en los laboratorios de la Universidad de Innsbruck, como pertenecientes a Alexander Mora, el único estudiante identificado hasta el presente de los 43 desaparecidos, hecho utilizado por la PGR para intentar cerrar el caso bajo el argumento de que todos los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula.

Zerón es señalado como el inventor de esa trama encubridora que busca exonerar de toda responsabilidad a los poderes políticos municipal, estatal y federal en los sucesos de Iguala, y eventualmente, también, a los actores armados del Estado que participaron en los hechos. En su Informe Ayotzinapa II, el GIEI ratificó su certeza de que en los ataques contra los normalistas hubo una coordinación operativa central, con una estructura de mando que integró a elementos uniformados y de civil (OBI/inteligencia militar) del 27 batallón de infantería del Ejército en Iguala y de las policías Federal, federal ministerial, estatal y ministerial de Guerrero y municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, que actuaron en complicidad y/o colusión con presuntos miembros del grupo delincuencial Guerreros unidos. Todo fue monitoreado en tiempo real a través del sistema coordinado de comunicaciones de las agencias de seguridad del Estado (C-4), que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional manejaron en forma restringida cuando tuvieron lugar los hechos más graves.

El informe destaca la negativa de la Sedena a brindar ningún tipo de información. A través de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, el GIEI solicitó en 12 ocasiones permiso para entrevistar a personal del 27 batallón por considerarlos testigos claves; conocer las bitácoras, documentos y registros de planes de acción realizados por la Sedena; reportes escritos y grabaciones del C-4; los convenios entre las diversas policías municipales, federales y el Ejército respecto del sistema de seguridad, así como los informes de los Gises (Grupos de información de zona/inteligencia) y Gafes (tropas especiales) del 27 batallón.

Llama la atención que el refugio de Zerón sea la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad que opera en Los Pinos y depende de la oficina del titular del Ejecutivo. El CNS es un órgano deliberativo con un fuerte componente policiaco-militar integrado, entre otros, por los secretarios de Defensa, Marina y Gobernación, la PGR, la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

A dos años de los hechos la pantomima sigue: la PGR mantiene como la línea de investigación más sólida que una célula de Guerreros unidos confundió a los normalistas con un grupo enemigo. Ni Murillo Karam ni Zerón han sido llamados a declarar. Al aferrarse a la verdad histórica y protegerlos −como lo hace en otros hechos graves con los mandos de las fuerzas armadas, el ex comisionado en Michoacán Alfredo Castillo y el ex jefe de la PF Enrique Galindo−, Peña Nieto intenta protegerse a sí mismo. No hay verdad ni justicia, y la impunidad permitirá la repetición de crímenes de Estado.