Iguala: dos años de ocultar la verdad
Mafiosidad inconstitucional
Priísta en liquidación
Turno para Duarte de Ochoa
oy se cumplen dos años de la desaparición de más de 40 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En ese lapso, el Estado mexicano ha exhibido su rotunda incapacidad para conducir investigaciones creíbles y para precisar lo que sucedió en la noche del 26 y parte del 27 de septiembre de 2014: teóricamente, conforme a la verdad histórica
oficial, los jóvenes habrían sido asesinados, incinerados y sus restos tirados a un río; al mismo tiempo, ese gobierno federal contradictorio los supone ausentes y por tanto destina recursos materiales y humanos para una cierta búsqueda formal de quienes, por lo demás, son considerados por sus padres y familiares como desaparecidos cuya aparición con vida reclaman día tras día, marcha tras marcha.
Los hechos criminales con epicentro en Iguala, y las evidencias de la colusión entre el crimen organizado y los poderes civiles, resultan altamente demostrativos de la ignominia general que se vive en México. Pero a esas horas de horror ha de sumarse la sistemática demostración gubernamental de complicidades que van más allá del entorno igualteco, de sus factores regionales. Los Pinos, las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de la Marina y de Relaciones Exteriores, y la Procuraduría General de la República, han tejido a lo largo de dos años cuanta trama ha sido necesaria para impedir que se conozca la verdad de lo sucedido en Iguala y presuntamente en Cocula.
A dos años de distancia, esos poderes ya no tienen más engañifas para ofrecer (por ahí, el fiscal especial para este caso ha planteado la posibilidad de realizar otro peritaje respecto a la hipótesis de la incineración en un basurero de Cocula). A los varios juicios históricos negativos que va coleccionando por adelantado Enrique Peña Nieto, el correspondiente a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa está encaminado a ser el peor, el más contundente, el más infamante, propicio, desde luego, para ser presentado ante tribunales internacionales, como ya está sucediendo con el caso de San Salvador Atenco, llevado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte correspondiente.
La administración peñista ha impedido que se investiguen a fondo los puntos que involucran a militares, ha manipulado expedientes y diligencias y ha premiado incluso a autores de muy significativas irregularidades procesales indicativas de siembra de restos óseos (como Tomás Zerón de Lucio), ha cerrado la puerta a instancias internacionales confiables (como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y, de otra manera, también al Equipo Argentino de Antropología Forense) y ha apostado a que el paso del tiempo y la erosión de las pruebas hagan desistir a quienes continúan demandando verdad y justicia. A dos años de distancia, Peña y su estrategia han fallado.
Enrique Ochoa Reza ha sido pillado en una maniobra que deja malparado su discurso de presunta lucha contra la corrupción en el ámbito de los priístas con poder. Dejó la dirección de la Comisión Federal de Electricidad en julio del presente año, por decisión personal, para estar en condiciones de asumir la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional, conforme había decidido Enrique Peña Nieto. Sin embargo, su expediente fue manejado especialmente, con el ánimo de adjudicarle el mayor pago posible.
No lo despidieron, pues renunció, y no tenía los tres años en el puesto que le podrían haber permitido mejorar el monto de su cheque final, pero aun así a Ochoa Reza le pagaron un millón 725 mil pesos, de los cuales, ya descontados los impuestos, le quedó poco más de un millón 200 mil pesos. Con este ejemplo a la vista, necesario sería revisar los procesos de liquidaciones y jubilaciones que se adjudican los miembros de la élite política. El caso de las pensiones y prestaciones a los ex presidentes de la República es escandaloso, pero más extendido y cuantioso puede ser lo referente a estas formas de saqueo legal
que practican otros miembros de la clase política pluripartidista.
Por lo pronto, el muy bien liquidado Ochoa Reza está hoy ante un proceso de liquidación política contra el todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a quien el Partido Revolucionario Institucional pretende suspender en su militancia por considerarlo un ejemplo extremo de corrupción y mal gobierno. Tal vez el mencionado Duarte sea el peor de los gobernadores priístas, pero varios de sus colegas han acumulado parecidas calificaciones negativas y hasta ahora no se ha anunciado ningún propósito justiciero
en contra de ellos. La evidencia de que se está ante un castigo político selectivo ha generado que algunos cercanos al pésimo gobernador Duarte hayan promovido la publicación de desplegados en su defensa, aunque algunos de los supuestos firmantes se han deslindado posteriormente.
El espectáculo priísta que se ha montado servirá para ofrecer noticias que disputen reflectores al segundo aniversario de Ayotzinapa, para nutrir la farsa de la presunta cruzada peñista contra la corrupción y para ir ajustando tuercas entre el priísmo, con la vista puesta en 2018. El contrincante de Duarte de Ochoa, Héctor Yunes Landa, quien fue candidato tricolor a gobernador de Veracruz, ha dicho que éste debe ser sancionado, entre otras cosas, por haber apoyado a otro partido en las pasadas elecciones locales (este Yunes, priísta, ha dicho antes que Duarte de Ochoa pactó con Morena para impulsar al candidato a gobernador, Cuitláhuac García).
En Quintana Roo, mientras tanto, Carlos Joaquín González (quien fue subsecretario de Turismo en el gabinete peñista) tomó posesión como gobernador. Oficialmente llega al poder como abanderado de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, aunque en realidad fueron utilizados por Los Pinos como vía alterna, luego que el mandatario entonces en funciones, Roberto Borge, obstruyó que el citado Joaquín González (medio hermano del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell) fuera postulado por el PRI. ¡Hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
Facebook: Julio Astillero
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
