Pachuca, Hgo.

Autoridades de 25 comunidades indígenas de Hidalgo y Puebla pidieron la intervención de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a fin de parar la construcción de un gasoducto licitado a la multinacional TransCanadá, que enlazaría la refinería de Tula, Hidalgo, con el complejo de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tuxpan, Veracruz.

Después de que Gas Natural de la Huasteca, filial de TransCanadá, anunció la obra, las comunidades crearon el Consejo Indígena Xangu ya mui y advirtieron que el gasoducto es un atentado ecológico para especies de flora y fauna en el territorio que atravesaría, donde se ubica uno por ciento del bosque mesófilo de la región.

El pasado 13 de septiembre la multinacional donó un millón de dólares al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para la edificación de escuelas y centros comunitarios, monto que para Lucero Cora Clemente, representante del consejo, es sólo un paliativo para justificar la devastación que ocasionaría la construcción del gasoducto.

El cheque se entregó a Mauricio López Velázquez, director general del INEA, en un acto encabezado por el secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño.

Cora Clemente consideró que esa acción es una manera de “ganar adeptos y justificar el despojo de predios y afectaciones ambientales en poblados de la Sierra otomí-tepehua de Hidalgo y el norte de Puebla.

TransCanadá ganará más de 297.19 millones de dólares con la obra; el millón de dólares que donó no representa nada.

La obra fue avalada en 2015, después de que la empresa ganó la licitación por medio de su filial Transportadora de Gas Natural Huasteca. Según la Comisión Federal de Electricidad, el ducto transportará gas natural proveniente del sur de Texas y abastecerá las centrales de generación ubicadas en Veracruz, Puebla e Hidalgo, así como en el centro y occidente del país.

El proyecto comprende el diseño, construcción, ingeniería, suministro, operación y mantenimiento del gasoducto de 263 kilómetros y capacidad de 886 millones de pies cúbicos al día. Se estima que empezará a funcionar a finales de 2017.

En una misiva enviada a la ONU, 25 comunidades de Hidalgo y Puebla señalan que el proyecto viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, reconocido por el gobierno mexicano.

“TransCanadá se está metiendo en nuestros territorios sin consultarnos. Demandamos respeto a nuestros lugares sagrados, cultura, fauna y flora, protegidos por el Convenio 169 y las constituciones federal y local.

En la carta, leída ante integrantes del consejo en Pachuca, también pidieron al gobernador Omar Fayad que respete el derecho de los pueblos originarios a la información y no permita la obra.

Los comuneros anunciaron bloqueos carreteros y movilizaciones en Pachuca y la Ciudad de México.

Cora Clemente acusó a la multinacional de difundir información escasa y tendenciosa para convencerlos de permitir la obra a cambio de raquíticas indemnizaciones.

Erick Ávalos, vecino de San Miguel Tlaxinca, municipio de Cardonal, en el Valle del Mezquital, afirmó que la empresa ofrece a los indígenas 10 mil pesos por derechos de paso de vía durante 25 años.