Como copartícipe del endeudamiento del país, el Congreso tiene la obligación de aprobar un paquete económico para 2017 con el que se evite que la deuda como proporción del producto interno bruto (PIB) siga al alza, por lo que debe hacer mayores ajustes al gasto, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Los especialistas del CEESP negaron que la reducción del gasto vaya a inhibir el ritmo de crecimiento económico del país, toda vez que ha quedado en evidencia que el notorio aumento al gasto registrado en los años recientes no significó un impulso para la economía ni para el bienestar de los hogares, por lo que son necesarios superiores mecanismos de asignación, mejorar el estado de derecho y combatir los elevados índices de corrupción.

El centro señaló que la reducción al gasto público se concentra en ramos administrativos del egreso programable con 16.9 por ciento menos recursos, pero para ramos autónomos hay un incremento de 9.6 por ciento, porque se propone un aumento de 14.8 por ciento al gasto del Poder Judicial.

Es claro que los esfuerzos deben ser mayores en estos rubros, toda vez que es la parte en que mayor margen de maniobra se tiene para hacer ajustes.

El CEESP alertó que es preocupante que se hayan asignado más recursos al pago de intereses de la deuda –para lo que se dedicarían 568 mil 200 millones de pesos para 2017, es decir, 90 mil 500 millones más que en 2016– y que se busque designar 37 mil 300 millones más a participaciones para entidades federativas, porque representan poco más de la mitad del aumento previsto en los ingresos tributarios.

El organismo del sector privado admitió que el ajuste propuesto en el paquete económico 2017 es importante, pero insuficiente para cubrir el desbalance de las cuentas del sector público.

Advirtió que si se aprueba en las condiciones como fue enviado al Congreso, la deuda seguirá aumentando en términos absolutos y como proporción del PIB.

Además, puntualizó, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no anticipó una corrección importante al déficit público. “En el escenario 2017-2022 no hay un solo año en el que el balance del sector público muestre resultado superavitario. Incluso los requerimientos financieros del sector público se mantienen estables como proporción del PIB a partir de 2018 en 2.5 por ciento.

Sin embargo, el saldo histórico de los requerimientos muestran una modesta tendencia a la baja en ese lapso, lo cual no es consistente con un aumento constante en el flujo anual de deuda, lo que lleva a intuir que esto se debe a una estimación de crecimiento del PIB elevada, que sería la única manera de que se pudiera dar este escenario.

Con todos estos elementos, el CEESP exigió al Congreso “ser más agresivos (sic)” en la corrección del gasto público y al mismo tiempo ser mucho más cuidadosos en asignar los recursos a programas que en realidad cumplan el objetivo de ser un beneficio social. Urgió a dedicar más recursos a inversión productiva, que es la mejor manera de estimular la inversión privada y en sinergia lograr mayor ritmo de crecimiento y bienestar.

Advirtió que los legisladores no deben incurrir en la generación virtual de un ambiente favorable. El Congreso tiene la responsabilidad de lograr el mejor paquete económico para el próximo año, que sea realista y viable. Por eso es importante que las variables que se utilicen para establecer el marco macro que apoye la propuesta de programa económico no sean afectadas, con la intención de generar un entorno más favorable de manera virtual.

Por ello, el sector privado espera que el precio del petróleo sea real y no optimista para aumentar la expectativa de ingresos petroleros; un tipo de cambio también real y que no minimice los efectos del aumento de la deuda externa.