A 2 años, los responsables no han sido sancionados, indica
Lunes 26 de septiembre de 2016, p. 34
Dos años después de los hechos que derivaron en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) manifestó su profunda preocupación ante la falta de resultados concretos en la investigación oficial.
Para la CDHDF, el impacto negativo en la estructura del sistema político, económico y social del país se acentúa en la medida en que no hay resultados concretos y confiables de la investigación, no se sabe el paradero o destino de los estudiantes, además, los autores materiales e intelectuales no reciben aún la sanción correspondiente.
De acuerdo con el informe de la Procuraduría General de la República (PGR), presentado el 7 de noviembre de 2014, los normalistas fueron asesinados por el grupo delictivo denominado Guerreros Unidos, en el basurero de Cocula; posteriormente, sus restos fueron quemados y depositados en bolsas para ser arrojados al río San Juan, conforme a la declaración de los detenidos que confesaron haber cometido el crimen.
Ante la gravedad del asunto, en noviembre de 2014 se firmó un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos. A la par, se delinearon las actividades principales a desarrollar por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre ellas, la elaboración de planes para la búsqueda con vida de las personas desaparecidas, el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y la evaluación técnica del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
De manera constante, el GIEI dio reportes de avances en las instalaciones de la CDHDF, y el 6 de septiembre de 2015 y el 24 de abril de 2016 presentó el primero y segundo informes. Ambos mostraron pruebas científicas que contradicen la versión presentada como verdad histórica
por la PGR, sustentaron su propia hipótesis y aportaron nueva evidencia, lo que ofreció renovadas líneas de investigación.