Las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, podrían concluir entre noviembre y diciembre de este año, por lo que el procedimiento para obtener una orden de aprehensión en su contra no pasaría por el Congreso veracruzano, pues ya no tendría fuero, señalaron mandos ministeriales.

Explicaron que en las indagatorias se ha solicitado la colaboración a instancias como la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y algunas instituciones bancarias para conocer los movimientos que ha realizado Duarte en años recientes.

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR inició la averiguación previa UEIDFF 2329/2016 contra Duarte por evasión fiscal y la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita (usados para la compra de bienes inmuebles y empresas con recursos del erario veracruzano).

En ella, la PGR investiga al gobernador y a 10 familiares, entre ellos su esposa, Karime Macías, y su suegra, Jazmín Jubila, así como a algunos funcionarios del gobierno estatal que presuntamente le fueron donando bienes a Duarte en los seis años recientes.

El mandato de Duarte vence el 30 de noviembre y el cargo será asumido por Miguel Ángel Yunes Linares. La investigación ya tiene algunos indicios que deben corroborarse y acreditarse antes de entregarla a un juez, pero el camino no será una petición de juicio de procedencia, porque la petición de desafuero podría tardar meses y es mejor consignar una vez que se le termine el fuero, a partir del primero de diciembre, señalaron colaboradores de la procuradora Arely Gómez.

La indagatoria por evasión fiscal y probables operaciones con recursos de procedencia ilícita es anterior a la atracción de las dos indagatorias que abrió la Fiscalía General de Justicia en las que se acusa a Duarte de ser presunto responsable de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber.