A dos años de la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) señaló que este caso es un emblema de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la falta de voluntad política de las más altas autoridades de nuestro país para dar certidumbre a la sociedad.

Demandó el pleno esclarecimiento de los hechos, que implica tanto la resolución jurídica como la satisfacción de las demandas de las familias, quienes exigen la presentación con vida de los estudiantes.

El colectivo, que agrupa a decenas de organizaciones civiles, manifestó que garantizar el acceso a la justicia para las familias se ha convertido en una muestra clara del nivel de compromiso del Estado mexicano con el acceso a la justicia de la población en general.

Indicó en un comunicado que resulta especialmente grave que se trate de un crimen de Estado, por la comprobada vinculación del crimen organizado con actores estatales en la desaparición de los estudiantes.

La connivencia entre actores estatales y criminales se configura como un patrón de acción a escala municipal, estatal e incluso probablemente a nivel federal, según las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, resaltó.

La Red TDT indicó que la inacción de los distintos niveles de gobierno ante hechos tan graves y contundentes implica una responsabilidad ineludible en términos de la legislación nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.

En este sentido, Ayotzinapa resulta ser un caso emblemático de la grave crisis de derechos humanos que se vive en México, pues resulta ilustrativo no sólo del fenómeno de la desaparición forzada, sino de la vinculación que este ominoso tema tiene con la criminalización de la protesta social.

Subrayó que resulta especialmente grave el desprecio del Estado mexicano por los aportes de la justicia internacional sobre el caso.

La confrontación del gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una muestra clara de la intencionalidad encubridora de las acciones e investigaciones del Estado mexicano respecto de estos hechos, que son terriblemente parecidos a lo que refieren víctimas de otros casos menos visibles, pero no menos importantes.

Puntualizó que es cada vez más clara la necesidad de que los hechos de Iguala sean esclarecidos como un primer paso para recuperar la confianza en las instituciones del Estado.

La red resaltó que el caso “ha favorecido una mayor comprensión entre las víctimas de la llamada guerra sucia”, lo mismo cuando el Estado criminaliza a quienes luchan por la justicia social y las víctimas recientes, así como cuando la tragedia de la desaparición de personas se generalizó de manera brutal adquiriendo visos de tragedia humana.