Para los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos no hay duda de que la llamada verdad histórica sobre el basurero de Cocula ha sido superada con pruebas científicas suficientes, en medio de una fuerte resistencia gubernamental.

A dos años los sucesos de Iguala, Guerrero, que estremecieron al país, los resultados de las investigaciones se han dado a cuentagotas, derivados siempre de la presión social y la supervisión internacional de las pesquisas. En este lapso, el gobierno ha caminado entre la incapacidad institucional y una clara intención de obstruir, sesgar y dirigir el resultado de las indagatorias.

Con el sufrimiento por sus hijos ausentes desde la noche del 26 de septiembre de 2014, los padres de los 43 normalistas reconocen el trabajo que durante más de un año realizó en México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas conclusiones echaron abajo la versión oficial de que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados y sus restos incinerados en el basurero de Cocula, Guererro.

Para los padres y sus representantes, el trabajo del GIEI –dependiente de la Comisón Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– fue fundamental para desmontar, desde el interior mismo de la investigación, la llamada verdad histórica, según la calificó el entonces procurador general Jesús Murillo Karam. Sin ellos, el caso hubiera quedado sepultado con esa mentira, señaló Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.

Con esta prueba ya superada, la investigación de la PGR está prácticamente por rehacerse en función de los aportes y recomendaciones dejadas por el GIEI, en un proceso que se ha tornado sumamente lento y tortuoso.

Factor decisivo

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirma también que la supervisión internacional fue un factor decisivo, sin el cual no podría entenderse el momento actual.

Comenta que el GIEI, que estuvo México entre marzo de 2015 a abril de 2016, hizo dos afirmaciones que finalmente le costaron su salida del país.

Una fue que la teoría oficial del caso no tiene asidero científico y que por ello no representa el destino final de los estudiantes y, dos, que los hechos ocurridos en Iguala hace dos años no se explican sin un contexto de macrocriminalidad, lo cual significa justo la existencia de una estructura de contubernio y complicidades entre autoridades de todos los niveles y el crimen organizado. No se trata de un problema encapsulado en la esfera municipal, sino uno muy amplio, que debe investigarse, dijo.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, afirma que el saldo de las investigaciones en estos dos años no es positivo, pues aún se desconoce el paradero de los normalistas desaparecidos, ante un gobierno que aunque declara que el caso no está cerrado, insiste en la versión oficial del basurero de Cocula. Echar abajo esta hipótesis nos ha costado muchos de estos 24 meses que han transcurrido desde aquellos hechos de Iguala, indicó.

Tanto Vidulfo Rosales como Mario Patrón señalan que tampoco hay duda hoy día sobre la participación de integrantes de otros cuerpos de seguridad, como la Policía Federal y la municipal de Huitzuco, quienes estuvieron en diferentes momentos claves de los hechos, situación que ha sido confirmada por informes y pesquisas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

También debe investigarse la responsabilidad del Ejército, vinculado por el conocimiento previo que tuvo de la corrupción y la macrocriminalidad presente en Iguala, y por su presencia y omisión en hechos relevantes como las desapariciones, señaló Santiago Aguirre, también del Centro Pro.

Otro punto donde no queda duda es que a los estudiantes normalistas se les dividió en al menos dos grupos, por lo que también hay dos rutas de desaparición, y aunque esta parte no está totalmente investigada, podría llevar a su localización. Este es el reto de la nueva etapa de la indagatoria, ya sin la presencia de Tomás Zerón de Lucio en la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado de obstruir las pesquisas e incluso sembrar evidencias.

El funcionario fue designado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, sin que hasta ahora se hayan hecho públicos los resultados de la investigación interna que se le seguía en la PGR.

Los padres de los normalistas y sus representantes quieren ver en este hecho una posibilidad de que la investigación avance con las recomendaciones del GIEI.

Tras la salida de dicho grupo, en abril pasado, y los varios meses que se han llevado en el diseño del nuevo mecanismo, el gobierno ha optado por una estrategia de invisibilizar el problema de Ayotzinapa, señaló el abogado Rosales.