s probable que asistamos al fin de un momento, de una era, de concebir las tareas y los compromisos del Estado. No sé ni imagino las razones que haya tenido el ex secretario Luis Videgaray para facturar una propuesta como la que nos hizo llegar; tampoco, menos aún, las que llevaron a su sucesor a hacerla suya y decirnos que es lo mejor que nos pudo pasar. Eso es lealtad de pupitre o de equipo, pero poco o nada tiene qué ver con el mandato que debe orientar a la Secretaría de Hacienda en esta labor fundamental, como lo es la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El proyecto no responde a los compromisos del Estado con los derechos de los ciudadanos, y las reducciones propuestas en los rubros de salud, educación, medio ambiente y desarrollo regional niegan el compromiso del Estado con los objetivos consagrados en materia de desarrollo sustentable, derechos humanos, y otros. Se trata de una negación total o casi, de los propósitos y empeños del Estado que el Presidente ha presentado como insignia. Por eso tan sólo, la Cámara de Diputados debería abocarse a enmendar los hierros más flagrantes y ofrecernos a los mexicanos y el resto del mundo un presupuesto responsable y respetuoso de los compromisos internacionales del gobierno para no mencionar los que ha adoptado con los mexicanos. Bien visto, el proyecto no lo hace y eso es razón suficiente para mandarlo a comisiones, como se dice en la jerga parlamentaria, y dar lugar a otra versión, que sea presentable.

No he señalado los datos duros que anteceden y acompañan la oferta presidencial. Los referentes a la pobreza han sido inopinadamente cuestionados por su propia fuente, pero los motivos de tan desorbitado acontecimiento siguen en el misterio. Eso de que un país tan grande como México, con una economía ubicada en el lugar 15 del ranking mundial, admita que su gobierno busque modificar las cifras y datos sobre su pobreza es algo que debemos dirimir pronto y de la mejor manera. Pero no lo hemos hecho y vamos a pagar por ello. El epíteto de pobretólogos que asestan a sus críticos, no resuelve esta falla mayor del gobierno. Pero sobre esto queda mucho de qué hablar.

Los derechos humanos son, deben ser, el criterio, faro y enseña de nuestra labor como sociedad y como Estado. Eso es lo que decidimos en 2011 al cambiar la Constitución, pero no es lo que hemos hecho como sociedad política organizada. Ni desde el Estado ni desde la venerada sociedad civil hemos reivindicado ese acto osado, que debería enorgullecernos, de comprometernos como sociedad organizada a respetar, garantizar y hacer cumplir los derechos humanos.

Se trata de una falla mayor que tenemos que subsanar cuanto antes, porque de eso se trata la posibilidad de seguir como nación soberana con un Estado nacional. De no hacerlo, todo será, tarde que temprano, tierra baldía.

De eso y más hablaron con sensatez y sabiduría, los ponentes del seminario sobre Presupuesto y derechos humanos que organizaron el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

No es la última llamada, pero las campanas doblan y redoblan…