Cancún, QR.

Gasto en obras públicas inconclusas, ociosas y deficientes; desaparición de más de 3 mil 200 millones de pesos para rescatar y rellenar playas así como promover el turismo; despojo de hoteles, construcciones y predios a particulares, además de una deuda de 23 mil 135 millones –89 por ciento más que en 2011–, es el legado de Roberto Borge Angulo en seis años de gobierno.

La herencia de Borge –que dejará el cargo este domingo 25 de septiembre– se resume en abusos, corrupción e impunidad, en la medida en que multiplicó la deuda estatal sin que exista obra para justificarla; falta de transparencia y rendición de cuentas (el Auditorio del Bienestar y nuevo Hospital General son sólo dos ejemplos), además de la falta de división de poderes y absoluto control del Ejecutico de los otros dos.

Quintana Roo es la segundad entidad con el débito más elevado respecto de su producto interno bruto, también con más pasivos entre obligaciones financieras y participaciones federales, además de dejar al millón 614 mil 167 habitantes con la deuda per cápita más alta del país: 14 mil 332 pesos.

Según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en abril de 2011 la deuda del estado era de 12 mil 240 millones de pesos y se elevó a 23 mil 135 millones en el primer semestre de 2016; es decir, 89 por ciento más.

Amiguismo

El 16 de agosto, la asociación civil Somos tus Ojos interpuso la demanda por la venta de 44 predios patrimonio del estado para beneficiar a amigos, empresarios y políticos, con lo que causó un quebranto a las finanzas estatales y a la sociedad por al menos mil 99 millones 492 mil 370 pesos.

Según la organización, los rubros que se afectaron por el mal manejo de los recursos van desde las escuelas de tiempo completo hasta educación tecnológica, la infraestructura social, seguridad pública, procuración de justicia, promoción del turismo y recuperación y mantenimiento de playas.

La falta de transparencia y rendición de cuentas tuvieron sus principales símbolos en las megaobras del sexenio, según el propio mandatario: el Auditorio del Bienestar y el nuevo Hospital General, convertidos en elefantes blancos.

El primero se inauguró subrepticiamente el pasado 14 de septiembre, pese a las advertencias de que tendría graves fallas de cimentación y estaría en peligro de hundimiento, según Roberto Quiroz y Romero, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Quintana Roo, quien denunció que en tres ocasiones se les negó el acceso para inspeccionar.

Expertos en ingeniería advirtieron en su momento sobre riesgos de desplome, pues se construyó sobre terrenos de manglar rellenados a un costo de 244.7 millones de pesos, cuando en Nayarit una obra semejante costó alrededor de 166 millones; es decir, una diferencia de 78.7 millones de pesos.

En el segundo caso, el nuevo Hospital General de Cancún lleva más de seis años en construcción y se han ejercido más de mil millones de pesos, y aún no concluye, pero se asegura que se entregará antes del 25 de septiembre; es decir, otra obra más de relumbrón, pero carente de mobiliario, servicios, personal y medicamentos.

Intromisión en poderes

La intromisión de Roberto Borge en los otros poderes hizo crisis en junio pasado, cuando los disturbios dentro y fuera del Congreso local y la toma de tribuna obligaron a cambiar la sede a lujosos hoteles de la Riviera Cancún para que la mayoría priísta aprobara el denominado paquete de impunidad del gobernador.

Apenas el 14 de septiembre, el Congreso renovado revirtió algunos de esos acuerdos, al aprobar –incluso con el voto del PRI y del PVEM– reformas a la Ley de Seguridad y al Código Penal estatal mediante las cuales se redujo de 15 a seis años el otorgamiento de escoltas, con cargo al erario, para un ex gobernador, además de su familia y ex funcionarios a partir de que dejaran el cargo.

Los diputados de la 15 Legislatura también modificaron el Código Penal para eliminar la reducción de sanciones a los funcionarios acusados de peculado. Antes del jueves el delito no era considerado grave y quien lo cometiera podría pagar fianza, según el paquete de impunidad promulgado en julio pasado.

En abril pasado, Somos tus Ojos presentó ante el Congreso local una demanda de juicio político contra Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación, por el presunto desvío de mil 464 millones 604 pesos del impuesto al hospedaje.

Sería lo recaudado entre 2014 (724 millones 766 mil pesos) y de enero a septiembre de 2015 (739 millones 838 mil pesos), recursos que dejaron de entregarse a los fideicomisos de Promoción Turística de la entidad, así como para la recuperación y rellenado de playas.

Al mismo tiempo, el gobierno del priísta Borge Angulo ha despojado terrenos y hoteles en Tulum, embargado condominios en Cancún y apoderado de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a los funcionarios públicos más allegados.

En junio pasado, 200 presuntos guardias de seguridad, apoyados por la policía municipal de Tulum, desalojaron a 300 turistas extranjeros y nacionales de 16 hoteles y cuatro propiedades de la zona costera de Tulum.

Mediante juicios laborales al parecer amañados, fueron embargados con apoyo de policías municipales armados 51 de 62 condominios del complejo Lagoon Loft –valuado en 20 millones de dólares– entre ellos el hotel Playa Azul. Ese embargo fue para pagar 48 millones de pesos a 21 supuestos empleados que demandaron a la compañía.

Feminicidios

Con la desaparición de más de 269 mujeres entre 2014 y 2015, el asesinato de más de 150 desde 2012 y ninguna averiguación ni procesados por feminicidio, el estado ocupa el primer lugar en violencia sexual, según el Consejo Estatal de Mujeres, que junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitó reiteradas veces al gobierno de Borge la alerta de género, sin que éste reconociera el problema.