Integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada y del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México solicitaron a representantes de 18 embajadas su colaboración para que se garantice que la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares sea idónea para las víctimas.

En el encuentro, que tuvo lugar el martes pasado y al que también asistió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, se pronunciaron por que el cuerpo diplomático transmita en su diálogo con el gobierno mexicano la exigencia de acatar recomendaciones y observaciones de organismos internacionales, así como la participación activa de familiares y de organizaciones civiles que acompañan los procesos de búsqueda, investigación e identificación.

También, para crear una comisión nacional de búsqueda; instituir un proceso de declaración de ausencia que reconozca y garantice la personalidad jurídica de las víctimas; eliminar la referencia a personas no localizadas; asignar presupuesto suficiente para la puesta en práctica de la ley, así como crear un registro público nacional de víctimas.

Ante los representantes diplomáticos subrayaron que pese a la magnitud del problema, sigue sin existir en el país un marco jurídico adecuado para prevenir, erradicar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición a manos de particulares, a pesar de que se había señalado el 6 de enero de este año para aprobar la norma.

En un documento resaltaron que la desaparición forzada es una práctica del Estado que desde los 60 muestra planeación, sistematicidad y complejidad. El encuentro se realizó en la delegación de la Unión Europea en México, y participaron representantes de las embajadas de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Suecia y Suiza, además de la Unión Europea.