El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 contempla el financiamiento de 11 proyectos de infraestructura adscritos a las asociaciones público-privadas (APP) por un monto de 18 mil 860 millones de pesos.

Tal circunstancia implica la urgencia de elaborar un marco jurídico garante de la fiscalización, transparencia y rendición de cuentas de los recursos que se invierten, además de alentar la participación ciudadana.

Alicia Barrientos, diputada por Morena y coordinadora de la Subcomisión de Seguimiento de Proyectos de Asociación Público-Privados, adujo que tales esquemas de contratación, participación o alianzas sustituyen al Estado en su obligación de ofrecer servicios como salud, educación, seguridad social y pública e infraestructura urbana a la población, dificultando la rendición de cuentas.

Es imprescindible vigilar la manera en que los proyectos se licitan, identificar los intereses que verdaderamente hay detrás de éstos, los costos económicos que suponen, el impacto ambiental y social, con tal de reducir los gastos y la distribución de beneficios de los mismos.

Manuel Clouthier Carrillo, diputado independiente destacó las virtudes de las APP, pero sobre todo su talón de Aquiles, porque “el capital, los riesgos y el beneficio deben compartirse entre la iniciativa privada y el gobierno.

“Sin embargo –dijo–, hay muchos casos donde el empresariado traslada al gobierno los costos, pero no los beneficios. Eso es un acto de corrupción disfrazado de legalidad, que no se puede permitir.”

Para Araceli Damián (Morena) las APP se vinculan con los derechos fundamentales de los mexicanos, como el acceso a la salud. Por ello, propuso la revisión del marco jurídico para eliminar los huecos legales que pueden aprovecharse para no compartir riesgos en igualdad de condiciones.

Es urgente revisar la correcta aplicación de recursos públicos e identificar estrategias, para obligar a esas corporaciones privadas a cumplir sus obligaciones, y actuar conforme a la ley en contra de quienes no la cumplan.

En tanto el priísta Javier Guerrero García destacó la importancia que tiene la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el uso del dinero en las APP.

Propuso una reunión con autoridades de la ASF, con el propósito de conocer el nivel de cumplimiento de los contratos y obligaciones por parte de las empresas privadas que invierten en este esquema.

“La idea es identificar las inconsistencias de las auditorías, las observaciones sobre el perfil de los contratos, en particular de la infraestructura hospitalaria, para recuperar la función de fiscalización que tiene la Cámara de Diputados.

Es estratégico el trabajo que se desarrolle con la ASF para generar una agenda de realización de auditorías, indicó.