Senadoras del PAN demandaron que haya un presupuesto suficiente para garantizar la protección de niños y adolescentes, ya que este año el gobierno federal ha hecho dos recortes, principalmente a los ramos de salud y de educación, que afectan de manera directa a los menores.

Por su parte las senadoras priístas Hilda Flores, Yolanda de la Torre, Margarita Flores y Carmen Dorantes adelantaron que su bancada pidió a los diputados aumentar de 53 millones de pesos a 200 millones los recursos para 2017 al Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Coincidieron en que pese al difícil entorno económico, se debe impulsar la asignación de mayores recursos a ese rubro, porque, como nunca, el tema de la infancia está en la agenda pública.

La senadora Hilda Flores recordó que este año entró en vigor la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, y se requiere que en 2017 cuente con los recursos necesarios para operar, ya que los 53 millones que se le asignaron en el paquete económico que se discute en la Cámara de Diputados no son suficientes.

Será será la primera ocasión en que se etiqueten recursos para este rubro, a partir de que se publicó la ley en 2015, ya que se atiende con programas de la Secretaría de Gobernación, explicó la senadora De la Torre.

Por separado, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, la senadora panista Martha Elena García Gómez, afirmó que sin un presupuesto suficiente no existe la garantía de protección de los derechos de la infancia.

Hizo notar que durante el ejercicio fiscal 2016 el programa de becas sufrió un ajuste de mil millones de pesos, que se refleja en una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes que ya no podrán asistir a la escuela.

Además, recalcó, el recorte de 6 mil millones de pesos en el Seguro Popular provocó que cientos de niñas y niños de los sectores más pobres se vieran afectados en su derecho a la salud y a la seguridad social.

La legisladora panista precisó que en el proyecto de presupuesto 2017 el Ejecutivo federal no contempla recursos suficentes para atender a este sector de la población.