iguiendo a Funsalud, en sus primeros tres años, Peña ofreció universalizar, degradando el derecho a la salud. En los tres finales, con el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, pretende hacerlo con acotados paquetes de intervenciones: de carencias sectoriales, precisamente lo contrario de lo que exige la ciudadanía, mejores servicios y ampliación del catálogo de beneficios a su altura ciudadana del siglo XXI; sin suficiencia de personal sanitario motivado y medios para brindar la atención, y con más trabajo sobre los presionados equipos de salud.

En abril 2015, Peña ya se había ocupado de la salud universal programática: formas a través de reformas, a través de políticas, a través de programas o ruta para universalizar, de facto, sin cambio legal, ciertamente no clandestina, pero donde todo se vale, frente a su frustrado proyecto original. Es el caso del Convenio Marco IMSS-Issste-Ssa-Baja California Sur, que homologa y habilita el intercambio de 819 servicios; del Convenio General de Colaboración Interinstitucional para la Atención de Emergencias Obstétricas (2012), y del Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios Ssa-IMSS-Issste (2011). Como observara Lerdo, entonces director del Issste, la dilación en la prestación es queja recurrente. No hay justificación. Es inhumano que se le diga al paciente que vuelva en cinco meses. Si en la clínica que le toca no se puede, hay mil 300 unidades médicas en el país. Estaba claro: hacer más con menos.

Después aparecieron los intercambios de servicios de González Anaya, entonces director del IMSS: el Convenio IMSS-Chihuahua para que usuarios de ese instituto se atiendan en instituciones estatales, intercambiando servicios de cirugía, radioterapia y tratamientos de enfermedades graves, mientras el DIF estatal asumiría la rehabilitación integral. Los del Issste, de los que Victoria Ranfla, titular del Sntissste, comunicaba haber propuesto a la administración realizar inventarios para que se pudiera entrar al esquema de intercambio de servicios con otras instituciones. Por otra parte, en el Seguro Popular, Javier Lozano –director de servicios de salud– destacaba que la nueva estrategia de intercambio de servicios es un logro, un camino hacia la universalización, porque esto nos abre las puertas hacia el IMSS y el Issste, éste es uno de los proyectos más relevantes de esta administración. Con tabuladores especiales, agregó, los estados canalizarán a los institutos y hospitales de alta especialidad los recursos que les otorga el gobierno federal.

Tocó luego turno a Manuel Vallejo –diputado priísta y responsable del Sntss– para establecer la universalidad por cooperación entre instituciones, cuyo fin es unificar listados de derechohabientes para economizar servicios y evitar duplicidad. El SNTSS busca trabajar en coordinación con otras instituciones sólo para mejorar la calidad pudiendo darse coordinación con instituciones públicas y privadas. Esa cooperación será unificada a partir de un único expediente electrónico, además de que las contrarreferencias serán el medio por el cual una Institución solicita a otra, algún servicio de cooperación.

Después de las reformas sanitarias IMSS-Issste y de las comprometidas descentralizaciones de los años 80 (Soberón), 90 (De la Fuente-Narro, recurriendo entonces, igual que ahora, a un Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud (25/9/96), encima del cual los panistas montaron el Seguro Popular, el Sistema Nacional de Salud devino en una cuasi institucionalidad fáctica, portadora de una racionalidad burocrática-inercial. Tanto así, que el propio Peña optó por recentralizar los recursos del Seguro Popular hundiendo así el anhelo federalista.

Ahora, al firmar el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud, se acordaron inicialmente 14 intervenciones acotadas –inversamente proporcionales a las necesidades reales– que podrán ser atendidas indistintamente por IMSS-Issste-Ssa, Baja California Sur, estado de México y Oaxaca. La expectativa, a decir del doctor Narro, es que próximamente se adhieran –vía convenios específicos– el resto de gobernadores, titulares estatales y delegados del IMSS-Issste, como se descentralizó en los años 90. La primera fase deberá concluir con el primer semestre 2016.

Este contexto de cooperación constituye el primer gran paso para que un paciente tenga acceso a los servicios que requiere, independientemente de la institución a la que pertenezca. En él destaca: universalidad, portabilidad, nueva forma de coordinación, prestadores de servicios, transversalidad, derechos humanos, uso ordenado de los recursos financieros, óptimo desempeño de los recursos humanos y acceso efectivo.

El acuerdo emergente intenta, según el doctor Narro valorar las condiciones técnicas y presupuestales de todos los organismos públicos que integran el sistema de salud para echar a andar la portabilidad, es decir: universalizar las carencias portables de una red históricamente desfinanciada con la meta explícita de firmar convenios, como en los 90. No tengo duda, agrega Narro, de que con los intercambios de servicios, con el diagnóstico de las necesidades y el conocimiento de la capacidad instalada, podemos sentar las bases para alcanzar un sistema público más vigoroso y avanzar en la accesibilidad”.

El presidente electo en 2018, ¿tendrá que volver a empezar de cero o dedicará el entero sexenio a seguir sumando cansinamente intervenciones universalizadas en el mismo contexto de carencias estructurales del Sistema Nacional de Salud?

Sin embargo, frente a los brutales recortes, el 19 de septiembre, el doctor Narro declaró: El presupuesto está en manos de los legisladores. Si la pregunta es si voy a emprender alguna acción en la Cámara, no, no me toca. ¿Entonces a quién, doctor?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco