La comisión nacional de justicia partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sesionará el próximo lunes 26 de septiembre para revisar las denuncias en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, así como de otros funcionarios de la entidad.

Fuentes del partido dijeron que la convocatoria fue emitida por el presidente de este órgano, Fernando Elías Calles Álvarez. La sesión está programada para las seis de la tarde.

La comisión nacional tiene las atribuciones de suspender temporalmente los derechos del militante; inhabilitarlo temporalmente para desempeñar cargos partidistas e incluso expulsarlo.

Priístas consultados dijeron que el proyecto de resolución para la reunión del lunes es aprobar la suspensión temporal de los derechos partidistas del mandatario, en tanto se desarrolla la indagatoria penal en su contra.

En julio pasado, Armando Barajas, consejero político del PRI, pidió expulsar del tricolor a los gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; Chihuahua, César Duarte, y Quintana Roo, Roberto Borge, por estar involucrados en indagatorias judiciales. Adujo que esta condición daña la imagen del priísmo.

El gobernador veracruzano es investigado por la Procuraduría General de la República como presunto implicado en delitos federales relacionados con enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

Elías Calles Álvarez ha sido funcionario público desde los años 80. Recientemente fue asesor en la Comisión Federal de Electricidad, según refirió un militante que impugnaba la postulación del actual presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, ex director de esa empresa pública.

En la comisión de justicia partidaria participa también, desde hace casi cinco años, el senador jalisciense Arturo Zamora.

A nivel interno, el objetivo del sistema de justicia del PRI es aplicar las normas de este partido, otorgar estímulos a sus afiliados, imponer las sanciones y resolver inconformidades de los militantes.

Este sistema tiene una estructura de medios de impugnación y de medios alternativos de solución de controversias, así como una defensoría del militante, acorde con los estatutos del priísmo.