El proyecto de Constitución de la Ciudad de México considera el agua un recurso natural y un bien público, social y cultural, cuya gestión es pública y comunitaria, por lo que no puede ser privatizada, resaltó el consejero jurídico y de servicios legales capitalino, Manuel Granados Covarrubias.

Al clausurar el foro Agua y ciudad, realizado por el Foro Social Constituyente, señaló que este tema se trata en la propuesta de carta magna, no sólo como una obligación del gobierno en términos de infraestructura y de servicio, sino como un derecho humano.

Lo anterior, agregó, es relevante porque se establece que toda persona tiene derecho a la disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre, segura y de calidad para uso personal y doméstico.

Pero lo más importante, agregó, es que es un derecho inalienable, inembargable, imprescriptible, irrenunciable y esencial para la vida, de allí que prohíbe toda forma de privatización de ese recurso. Asimismo, también establece obligaciones el uso racional y contribuir con su saneamiento.

En tanto, integrantes de la asociación Agua para Todos pidieron a la Asamblea Constituyente garantizar que la Constitución de la ciudad incluya mecanismos que permitan la participación y contraloría ciudadana en la gestión del agua, a fin de cerrar cualquier control de empresas u organismos externos en la materia.

Exigieron además al gobierno capitalino transparentar y poner a discusión pública negociaciones y acuerdos con organismos como el Banco Mundial, al considerar que en arreglos de este tipo las corporaciones priorizan los aspectos lucrativos de la administración del agua, lo que trae altas tarifas, inequidad en distribución y cortes arbitrarios.