Diversas organizaciones de derechos humanos y de familiares de personas desaparecidas cuestionaron no sólo el incumplimiento e insensibilidad política del Congreso para sacar adelante la ley general de desaparición forzada, pendiente desde diciembre pasado, sino el absurdo presupuesto que el gobierno federal propone para atender esta grave violación a las garantías individuales.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, el gobierno asigna apenas un monto de 26.2 millones de pesos a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Esta cifra representa 2 millones de pesos menos que la asignada para este año. En ambos casos, el presupuesto se destina esencialmente a los gastos de nómina de los 58 policías ministeriales y 29 agentes del Ministerio Público adscritos a dicha fiscalía, la cual fue creada en 2014 con el rango de unidad especializada, pero siempre con recursos insignificantes.

Las organizaciones denunciaron que esta escasez de recursos a la fiscalía, que tiene casi mil 200 carpetas de investigación, impide a su personal disponer de viáticos para la realización de diligencias, además de que no cuenta con la tecnología necesaria ni la capacitación adecuada, de tal forma que las indagatorias tienen resultados erráticos.

Hace apenas unos días organizaciones que integran la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada entregaron al Senado su propuesta de ley general en la materia, en la que señalan que para realizar una búsqueda adecuada es indispensable la creación de fiscalías especiales en cada entidad, además de la que hay a escala federal, pero que tengan los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para cumplir con su tarea.

Además, se pide la creación de un registro nacional de personas víctimas de desaparición forzada a manos de funcionarios y de particulares.

De igual forma, este grupo de organizaciones propone la creación, por un lado, del instituto nacional autónomo en investigación forense, con la tarea de realizar todas las pesquisas en esa materia y, por el otro, de un banco nacional de información genética y un registro nacional de restos mortuorios no identificados y de las zonas donde se encuentran las fosas comunes.

Se establece la prohibición de la cremación de restos y cadáveres no identificados, señala otra de las propuestas de la iniciativa ciudadana.

Otros grupos, entre ellos la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, el Colectivo Colibrí, Familiares en Búsqueda María Herrera y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, han llamado la atención por estos escasos recursos que el Ejecutivo federal pretende que sean destinados una vez más a la fiscalía especializada en la materia.

Advirtieron la incongruencia de que mientras la problemática de la desaparición de personas se agrava, los recursos destinados para su atención se reducen inexplicablemente, por lo que exhortaron nuevamente al Congreso no sólo a aprobar la ley general de desaparición forzada, sino también a dotar a las instancias de los fondos necesarios para un trabajo eficaz.