Cada año cerca de 20 mil personas, la mayoría jóvenes y de baja escolaridad, son encarceladas, en espera de ser sometidas a juicio por consumo de drogas, lo que obliga a revisar la legislación en la materia, para eliminar la prisión preventiva, se advierte en un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado.

Se hace notar que se trata de uno de los aspectos más punitivos de la política de control de drogas, ya que al final, luego del largo proceso que deben llevar en centros penitenciarios, las penas que reciben en la mayoría de los casos son menores a un año.

En la investigación titulada Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico, elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica, se plantea la necesidad de realizar una evaluación integral al marco normativo de prohibición de drogas, con especial atención a la estrategia de combate frontal contra el narcotráfico.

Ello debido a que, si bien en México se ha despenalizado en cierto grado el consumo de drogas, se mantiene su criminalización, ya que el sistema judicial remite cada año a prisión a miles de ciudadanos a los que se obliga a enfrentar las acusaciones y llevar sus juicios en reclusión, a pesar de ser jurídicamente inocentes hasta que se pruebe lo contrario y sean declarados culpables.

De hecho, nueve de cada 10 personas acusadas de cometer delitos del fuero federal relacionados con narcóticos reciben auto de formal prisión. El 10 por ciento restante sale libre, ya sea por falta de elementos para procesar, por sobreseimiento de sus casos o por dictarse su libertad absoluta.

Encarcelar por delitos menores a miles de hombres y mujeres muy jóvenes, con baja escolaridad y ocupaciones precarias, ha motivado a algunos académicos y activistas a señalar que la política de drogas afecta de sobremanera a este sector de la población, de por sí marginado, se resalta.

El Instituto Belisario Domínguez, que preside el perredista Miguel Barbosa, considera que el Estado debe avanzar en el conocimiento de los costos sociales de la instrumentación mexicana de políticas globales sobre drogas.