La nueva ley contra la desaparición forzada de personas, pendiente desde el pasado periodo de sesiones en el Senado, y las reformas a la Ley General de Víctimas se aprobarán en este periodo que concluye en diciembre, sostuvieron los presidentes de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Yunes y Angélica de la Peña.

Respecto a las quejas de organizaciones y colectivos de víctimas de desaparición forzada en el sentido de que no avanzan esas dos legislaciones, por la negativa del gobierno federal a varias de sus demandas, tanto Yunes como De la Peña sostuvieron que se han logrado avances y solo quedan algunos pendientes, encorchetados, entre ellos el referido a la comisión nacional de búsqueda de desaparecidos, que debe quedar en la ley.

La senadora De la Peña comentó que se acordó ya con representantes del gobierno federal el establecimiento de dos tipos penales. El de desaparición forzada, que es aquella perpetrada por agentes del Estado o con la aquiescencia de éstos y un segundo tipo, el de desaparición de personas cometida por particulares.

El segundo tipo, explicó, es el que provocó la mayor discusión, ya que las organizaciones de víctimas consideran que aunque no haya participado en el delito ningún agente gubernamental –policía o militar– hay también responsabilidad del Estados para la reparación del daño que hubiera provocado el crimen organizado, dado que es garante de la seguridad de los ciudadanos.

La legisladora perredista comentó que es importante crear la comisión nacional de búsqueda de desaparecidos, porque dará certidumbre a los familiares de las víctimas.

Preocupación por casos viejos

Otro de los temas encorchetados –que sigue discutiéndose con el gobierno federal y con las organizaciones– es el de la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República (PGR) para atender miles de casos que datan de muchos años atrás.

La preocupación de los familiares de desaparecidos es que los asuntos que están en el fuero común, es decir, en el ámbito local, regresen a los estados donde han sufrido desatención, desdén y en muchas ocasiones hasta maltrato.

Por separado, la senadora del Partido del Trabajo Layda Sansores resaltó que hay mucho retraso en la expedición de la ley de desaparición forzada y preocupa a varias organizaciones que no estén contempladas todas sus demandas y propuestas, entre ellas incluir dentro de la legislación a los migrantes, nacionales y extranjeros, que son las principales víctimas de desaparición, a manos del crimen organizado.

Denunciamos el secuestro de cuatro migrantes hondureños la semana pasada y nadie actúa, por ello vamos a presionar, recalcó.

Sobre el tema, el senador Alejandro Encinas comentó que tanto los migrantes como los desplazados están incluidos en la iniciativa conjunta de PAN y PRD –presentada hace una semana– para modificar la Ley General de Víctimas. Se trata de una demanda formulada por diversas organizaciones, entre ellas el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia.

Tanto la ley contra la desaparición forzada como las modificaciones a la Ley General de Víctimas se dictaminan paralelamente. Hay dos grupos de trabajo dentro de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia, ya que la intención es que se aprueben al mismo tiempo, porque están íntimamente relacionadas, concluyó.