Buenos Aires

En un ambiente tenso y con incidentes comenzó este viernes aquí la audiencia pública que exigió la Corte Suprema de Justicia al gobierno del presidente Mauricio Macri después de anular el aumento de la tarifa de gas para los usuarios residenciales y, de acuerdo a lo estipulado por la Constitución nacional; lo que dejó por fuera a pequeñas y medianas industrias, comercios, y otras áreas que denunciaron ante la justicia, la imposibilidad de pagar los incrementos de los servicios, por lo que la situación se ha considerado una farsa.

En este marco, y en medio de protestas de todo tipo, los pilotos de Aerolíneas Argentina y Australia realizaron un paro del jueves al mediodía del viernes, lo que paralizó todos los vuelos, ante la falta de respuestas a sus demandas salariales. A la vez se tensó la cuerda sindical con anuncios de las autoriades de que no habrá nuevas reuniones con los trabajadores para discutir el tema de los salarios totalmente desfasados por una inflación creciente.

En tanto, la audiencia pública por los tarifazos que había esperanzado a la población se convirtió en una burla del ejecutivo como denunciaron cientos de vecinos cooperativistas, organizaciones sociales y políticas de izquierda, de esta ciudad y del conurbano bonaerense que lograron ubicarse alrededor de la sede de la Usina del Arte en el barrio de La Boca en el sur de esta capital donde transcurrió el primer día de este evento.

Había tantas vallas para llegar al lugar que cientos de vecinos no lograron acercarse a donde se llevaban a cablo las asambleas, y lo más grave es que entre ellos había unos 375 anotados para pedir la reconsideración del aumento en sus pagos a servicios. Sólo lograron entrar unos pocos.

En su discurso de apertura de la audiencia pública el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anunció que el incremento propuesto a partir de octubre por el gobierno es de 203 por ciento, para los usuarios residenciales, proponiendo “una disminución gradual y previsible de los subsidios" a las empresas de gas las únicas que se favorecerán con estos incrementos, que además serán modificados cada semestre, hasta 2019, mientras se mantiene el aumento del 500 por ciento, para empresas, hoteles, hospitales, comercios y en general todo lo que no sea usuario residente.

Aranguren en ningún momento cumplió con lo ordenado por la Corte, que era informar los precios de los servicios desglosados brutos, incluyendo la distribución y el transporte para explicar por qué se decidieron incrementos tan desmesurados.

En realidad los tarifazos continuarán y en cada aumento semestral se llegará al verdadero proyecto gubernamental, que en julio pasado dispuso aumentos que iban desde el 400 al mil y 2 mil quinientospor ciento en algunas provincias.

El titular de Consumidores Libres Héctor Polino, advirtió al ministro Aranguren que el “gobierno está violando el fallo de la Corte porque insiste en no discutir el precio en boca de pozo, porque considera que lo fija el mercado". Aranguren intenta subir el costo de boca de pozo (bruto) que es de poco más de un dólar a unos siete dólares sin explicación racional alguna.

Polino sostuvo que la presentación del ministro tiende a favorecer a las empresas petroleras y añadió que si el gobierno no considera lo expuesto en la audiencia, su resolución puede ser impugnada judicialmente.

Este sábado continúa la audiencia, pero la mayoría estima que el gobierno no escuchará porque ya tiene una decisión tomada.

Mientras tanto el gobierno sigue aislado en su reunión (la minicumbre Davos, o davosito, como le llaman los medios) con los grandes empresarios y gerentes que llegaron al país convocados para ofrecerles todo tipo de facilidades para que inviertan.

Pero otro tema de estas horas que escandaliza es la cuestión de la soberanía sobre las islas Malvinas. Los acuerdos con Gran Bretaña que anuncia la Ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, considerando el retorno de los vuelos “desde y hacia las islas y una alianza argentino-británico de exploración de petróleo" en las aguas circundantes, ha producido una dura reacción en diversos sectores.

Especialmente entre los sobrevivientes de la guerra del Atlántico Sur en 1982, cuando se intentó recuperar militarmente a las islas argentinas, ocupadas colonialmente por Gran Bretaña desde 1833. En un documento firmado por el ministro británico para Europa y las Américas Alan Duncan y Malcorra se acuerda que se restablecerán conexiones aéreas adicionales entre el archipiélago y terceros países, con dos escalas mensuales en territorio argentino (actualmente hay una sola a Río Gallegos), y que se adoptarán las medidas apropiadas para remover los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.