Arely Gómez González, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 768, con el cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa para Sinaloa, que fueron publicadas en el Diario Oficial de esa entidad el pasado 19 de agosto.

La PGR consideró que el citado decreto viola el párrafo tercero del artículo octavo transitorio de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 en materia de combate a la corrupción, pues permite a los magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Tribunal de Justicia Administrativa, ser ratificados y adquirir inamovilidad en el cargo, lo cual contraviene la intención del Constituyente federal, respecto de que los magistrados en funciones, exclusivamente podrán continuar por el tiempo que hayan sido nombrados.

Este es el cuarto recurso de este tipo que promueve la PGR en contra de reformas anticorrupción en diversas entidades. Las tres primeras fueron contra las legislaciones de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.

Congreso viola seguridad jurídica

Para la procuraduría, el Congreso de Sinaloa “transgredió principios de certidumbre y seguridad jurídicas, pues consideró que los operadores jurídicos, no tendrán, en torno del sistema local anticorrupción, la certeza de cuáles son las normas que lo rigen, carecerán del conocimiento pleno respecto de las reglas estipuladas en las leyes que regirán y delimitarán la actuación de las autoridades dentro de dicho sistema anticorrupción.

Derogan blindaje a Borge en QR

La decimoquinta legislatura del Congreso de Quintana Roo dejó sin efecto diversas iniciativas del paquete de la impunidad promovido por el gobernador priísta Roberto Borge Angulo al revertir por unanimidad la asignación de escoltas para este mandatario por un periodo de 15 años y abrogó el decreto que reducía penalidades y dejaba sin sanción diversos delitos cometidos por servidores públicos.

Diputados locales solicitaron al titular del Periódico Oficial del Estado, Virgilio Melchor May Herrera, agilizar la publicación de estos acuerdos legislativos, pues si no se concretan antes del 25 de septiembre, cuando culmina la administración de Borge Angulo, será una reforma consumada.

Los legisladores dejaron sin efecto la reforma al Código Penal del Estado, con la cual el peculado no se le tipificó como delito grave que se persiguiera de oficio y retomó las sanciones hasta con 10 años de prisión a los funcionarios que incurran en irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.