n la Ciudad de México, siendo el día 15 del mes de septiembre de 2016, el suscrito comparece nuevamente ante las autoridades que correspondan y ante el pueblo de México, para exponer e interponer, con fundamento en lo establecido en los artículos 8 y 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º. fracción I, 113, 116, 118 y demás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, una ratificación y ampliación de denuncia de hechos por la posible comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo 123 del Código Penal Federal, contra Enrique Peña Nieto, sus funcionarios y quienes resulten responsables de anteriores gobiernos, por acción u omisión en el ejercicio de sus funciones en los actos que a continuación se describen:

1.- Alentar, permitir y coadyuvar para que un porcentaje considerable del territorio nacional sea entregado a corporaciones extranjeras mineras, en 70 por ciento canadienses, que contaminan aguas, flora y fauna y atentan gravemente contra la salud de los habitantes de su entorno, despojando en los hechos a los legítimos dueños de las tierras de propiedad ejidal, comunal y privada, mediante concesiones otorgadas a esas empresas, sin tomar en consideración que las mismas se encuentran protegidas por el artículo 27 de la Constitución. Otras corporaciones, como la Coca-Cola y cerveceras, al igual que las mineras, se han adueñado de numerosas fuentes de agua, privatizando este líquido vital en perjuicio de millones de mexicanos. Igualmente, enormes extensiones de litorales y playas, han sido adjudicados a corporaciones extranjeras. Estas acciones violentan gravemente la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana, al enajenar y gravar territorio nacional y sus recursos, y contribuir con ello a su desmembración.

2.- Ratificar y continuar cumpliendo lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio (TLC), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (Aspan), y la Iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y política de la nación, en beneficio del gobierno y las corporaciones de Estados Unidos, particularmente, sin que estos tratados y mecanismos injerencistas hayan sido sancionados por el Congreso de la Unión ni hayan sido consultados a la ciudadanía. Por medio de Aspan y la Iniciativa Mérida, impuestas por los gobiernos anteriores, y aceptados por el titular del Poder Ejecutivo federal en funciones, agentes de corporaciones militares, policiacas y de inteligencia extranjeros actúan en territorio nacional, algunos de ellos presuntamente armados; estos agentes realizan tareas de seguridad e inteligencia e interfieren y monitorean nuestras comunicaciones desde la Oficina Binacional de Inteligencia, con sede en la Ciudad de México, donde actúan la Agencia de Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia Nacional de Seguridad Nacional, dependientes del Departamento de la Defensa de Estados Unidos. Asimismo, están presentes agentes de la Agencia Federal Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al Departamento de Justicia de ese país, y, claro, la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Estos organismos mantienen enlaces que consiguen información requerida por los extranjeros en todas las dependencias militares, de seguridad e inteligencia mexicanas, en una clara violación a la soberanía y a la seguridad nacionales.

Ya en 2007 emplazamos al entonces procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a responder sobre el hecho de que el gobierno de Estados Unidos contrató a la empresa Verint Technology Inc para intervenir todos los sistemas de comunicación de nuestro país, según el contrato 5-INLEC-07-M-0002, por un monto de 2 millones 963 mil 438 dólares. El anuncio del contrato que ganó la licitación fue publicado el 23 de febrero de 2007, en el sitio web de la administración pública estadunidense. De lo que se desprende que dicha empresa, u otra similar, continúa trabajando en el escrutinio de las comunicaciones de los ciudadanos, afectando las garantías individuales y, nuevamente, la soberanía nacional, sin que el gobierno actual haya dado cuenta de esta denuncia pública. En ese entonces planteamos estas interrogantes, hoy vigentes: ¿Quiénes deciden qué particulares, organizaciones u organismos deben ser vigilados? ¿Qué marco legal permite o no estas interferencias? ¿Quién clasifica la información y bajo qué criterios? ¿Qué organismo local o extranjero interpreta los datos obtenidos? ¿Es legal que un gobierno extranjero contrate una compañía también foránea para intervenir comunicaciones nacionales? ¿Qué opinan al respecto la CNDH, los integrantes del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sin duda también serán intervenidos en sus comunicaciones, en razón de la seguridad nacional y lucha contra el terrorismo?

3.- Otro hecho que configura el delito de traición a la patria es la reforma energética que modificó los artículos 27 y 28 constitucionales, que ha profundizado la privatización de Pemex en beneficio de corporaciones extranjeras y firmas privadas de los allegados de Peña Nieto. Esta reforma constituye en los hechos un acto de desnacionalización del petróleo y su entrega a las grandes corporaciones estadunidenses, como Exxon, Mobil y Chevron, acorde con los documentados artículos de mi colega y experto en el tema John Saxe-Fernández (La Jornada, 25 de julio y 22 de agosto de 2013). Con la entrega de Pemex se complementó el ciclo de la ocupación integral del país que ha venido denunciando el grupo Paz con Democracia (La Jornada, 16/11/ 07).

4.- Recibir al candidato republicano Donald Trump en la residencia oficial de Los Pinos, quien es un abierto y autodeclarado enemigo de México y los mexicanos, suceso también censurable de traición nacional. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido se sirvan: Único.- Tener por interpuesta la presente denuncia, solicitando a las autoridades competentes de los poderes Judicial y Legislativo, en virtud de su interposición, procedan a efectuar todas las diligencias pertinentes para que se acredite de manera fehaciente la responsabilidad de los acusados en el delito que se les imputa.