La judicialización se ha utilizado en México y América Latina como un recurso para amedrentar periodistas y no para defender sus derechos. Esto es una práctica difícilmente compatible con una sociedad democrática, dijo ayer Catalina Botero Marino, ex relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Consideró que debería realizarse una reacción inmediata e institucional contra la utilización del aparato judicial que busca impedir el periodismo de investigación y la actuación de los defensores de derechos humanos.

La experta colombiana dictó ayer una conferencia en la Universidad Iberoamericana como parte de una estancia académica que realiza en el Departamento de Derecho de la institución.

Señaló que junto con las judicializaciones, la violencia es otro de los temas más acuciantes en la persecución de periodistas y defensores de derechos humanos en el país.

México tiene algunas regiones en las cuales es más riesgoso el ejercicio del periodismo en el mundo entero y eso no es poco, es decir, esa competencia está difícil, porque la mitad del mundo está en guerra, sostuvo la especialista.

Entre los estados más peligrosos para ejercer el periodismo mencionó a Tamaulipas y Veracruz, un lugar de enorme riesgo para el periodismo independiente, para quienes ejercen y desafían el poder.

Para los periodistas se ha convertido en riesgo hacer tres tipos de investigaciones: sobre el crimen organizado, sobre la corrupción y sobre la explotación de recursos naturales (minería ilegal, deforestación, etcétera).

Esta persecución es muy grave, pues cuando se agrede a un comunicador se producen tres cosas: la agresión a la persona por ejercer su libertad de expresión; el silenciamiento de los pares, por un efecto de intimidación, y la ignorancia de la sociedad.

Si las sociedades no saben lo que está pasando y no sienten que pueden combatirlo, se crea el ambiente perfecto para que se entronice la criminalidad organizada. Eso ha sucedido en algunos lugares de México.

Botero, asesora de la Unesco y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recomendó que desde las instituciones de gobierno se fortalezca al mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

También hay que dejar de normalizar lo que está pasando con la prensa en México; hay que desnormalizarlo, sostuvo. A partir de ahí el gremio periodístico debe asumir mecanismos de autoprotección física y solidaridad, de cuidado, atención y colaboración. Por ejemplo, con la solidaridad de los medios de comunicación respecto de periodistas que han sido agredidos.