Con su regreso a la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade hereda la obligación de resolver el caso de mil despidos injustificados, señala Lilia Cortés García, cesada de la dependencia hace 14 años, según asegura, por haberse negado a transferir recursos millonarios del Presupuesto de Egresos a partidas diferentes a las aprobadas por el Congreso.

La Secretaría de Hacienda ha mantenido un litigio con la trabajadora desde 2002 y se niega a reinstalarla, pese a que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje determinó que su despido fue ilegal y existen tres acuerdos plenarios de los magistrados de la primera sala de dicho tribunal que obligan a la dependencia a colocarla de nuevo en su plaza laboral.

En entrevista con La Jornada, Cortés García sostiene con documentos que su caso estuvo plagado de irregularidades, entre ellas que el abogado de la Secretaría de Hacienda que litigó su juicio –Jaime Loe Rangel– no cuenta con cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública e ingresó a Hacienda ostentando una cédula que en realidad corresponde a otra persona, quien ejerce de contadora pública.

Cortés considera que la oficialía mayor de Hacienda se ha negado a responder sus peticiones para que le otorguen copia de la documentación presentada por el ex funcionario –quien actualmente se encuentra jubilado– para obtener el puesto, porque de comprobarse que no estaba facultado para llevar a cabo los litigios, las resoluciones que haya ganado quedarían sin efecto y Hacienda tendría que reponer por lo menos 57 juicios laborales de la dependencia, aunque ella sostiene que son muchos más.

Ante el cúmulo de irregularidades, a finales de junio Cortés García acudió a la Procuraduría General de la República a interponer una denuncia contra los funcionarios de Hacienda que se niegan a reinstalarla en su puesto de directora de área pese a la resolución del tribunal, en particular contra el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, quien tenía conocimiento del caso desde 2014.

La afectada señala que luego de más de dos meses y medio sin respuesta, el miércoles 7 de septiembre, el mismo día que se dio a conocer la renuncia de Videgaray, recibió una notificación de la PGR en la que señalan que su caso había sido turnado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Sin embargo sigue sin obtener respuesta concreta.