Organizaciones de derechos humanos denunciaron que el gobierno federal no ha cumplido ni desarrollado acciones efectivas contra los casos de violencia sexual usada como tortura.

A un año de la instalación oficial del mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual cometida contra mujeres, que adquirió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exigieron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cumplir de inmediato los acuerdos y que se pronuncie sobre los casos que tiene en revisión.

Es necesario que el gobierno federal, desde la Conavim, muestre un verdadero compromiso en la erradicación de esta terrible práctica, reforzando el mecanismo, asignándole los recursos necesarios y garantizando que todas las instituciones pertenecientes colaboren con él, expresaron en un pronunciamiento conjunto Amnistía Internacional (AI), los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, además de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Destacaron que de acuerdo con información recabada, con frecuencia, cuando existen detenciones de hombres y mujeres, ellas suelen ser víctimas de diversas formas de violencia sexual usada como tortura.

Recordaron que en su informe Sobrevivir a la muerte, AI entrevistó a cien mexicanas que reportaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos a manos de miembros de la policía y fuerzas armadas del país, concluyendo que en México la violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios.

Las organizaciones subrayaron que a un año de la instalación del mecanismo, el gobierno ha fallado en dar seguimiento a la documentación de casos que recibieron de la campaña Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual, y la posibilidad de emitir un dictamen conjunto con recomendaciones sobre cada uno ha quedado sólo en el papel.

Por ello, resaltaron, ha fallado en garantizar el acceso a las justicia para las sobrevivientes de esta práctica.