En los puntos más alto y más bajo de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto hay un personaje central: el hasta ayer secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.

Como directivo de la firma privada Protego, creada por el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe, especializada en restructurar deudas de gobiernos estatales, Videgaray comenzó a asesorar a Peña Nieto cuando el hoy presidente era diputado por un distrito de Atlacomulco en el congreso del estado de México.

Posteriormente, cuando el presidente Peña fue gobernador del estado de México, Videgaray asumió la función de secretario de Finanzas y Administración, de 2005 a 2009, puesto que dejó para ocupar una curul en la Cámara de Diputados federal, donde también encabezó la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Desde esa posición pasó a dirigir la campaña del actual gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, y apenas terminado ese proceso, a coordinar la de Enrique Peña Nieto como candidato del PRI a la Presidencia.

Señalado por la oposición de izquierda de organizar la red para ganar votos mediante la entrega de tarjetas de Soriana, Videgaray se convirtió en el personaje más influyente de la campaña presidencial. Estuvo también al frente del equipo que defendió el resultado de la votación de impugnaciones en las instancias de justicia electoral y posteriormente coordinó el equipo de transición, una vez que la votación de 2012 fue declarada legal.

Desde ahí todo fue ir hacia arriba: desde el llamado Pacto por México, que unió a los dos principales partidos opositores con el PRI, Videgaray orquestó el entramado para sacar adelante 12 reformas impulsadas por el gobierno, de las cuales al menos cuatro: la de energía, telecomunicaciones, fiscal y financiera, pasaron directamente por sus manos.

Fue en 2013 y hasta el otoño de 2014 cuando la percepción del gobierno de Peña Nieto –sobre todo fuera del país– alcanzó sus cotas máximas, como también creció la influencia de su secretario de Hacienda. Hasta que se cruzó en el camino Higa, la empresa constructora propiedad de Juan Armando Hinojosa, contratista del gobierno del estado de México y del federal.

Hinojosa financió la llamada Casa Blanca, propiedad de la esposa del Presidente. El mismo empresario vendió en condiciones preferentes una propiedad en Malinalco, estado de México, a Luis Videgaray, cuando el ahora ex funcionario coordinó el equipo de transición del gobierno. A partir de entonces –finales de 2014– los problemas se acumularon, sobre todo los relacionados con el desempeño de la economía.

La reforma fiscal, que incluyó el incremento de algunos impuestos, irritó al sector empresarial y se convirtió, según opinión de diversos expertos, en un factor que contribuyó a la desaceleración de la economía. No obstante, esa reforma compensó en parte la pérdida de ingresos públicos por la caída del precio del petróleo, que en seis meses, a partir del otoño de 2014, se desplomó de 100 dólares a menos de 20 por barril.

El saldo de su paso por la dependencia encargada de la política económica y fiscal es de un crecimiento que no supera la media de las tres décadas precedentes: 1.9 por ciento, lejano al 5 por ciento ofrecido por la actual administración. El peso ha perdido un tercio de su valor frente al dólar, el déficit fiscal se triplicó, y, ahora la atención, dentro y fuera, está en el crecimiento de la deuda pública, un problema del que en México no se habló al menos durante las últimas dos décadas.