ace poco más de 30 años esta pregunta tenía una respuesta más clara que la que podremos dar hoy. Al inicio de la década de los años 80 existían más de mil 100 empresas de propiedad estatal que se suponía representaban los intereses de la nación y del pueblo de México. Había en ese entonces todavía un proyecto nacionalista que buscaba fomentar el crecimiento económico, generar más empleos y contribuir a mejorar el bienestar económico y social de la población.

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) se comenzó a aplicar el modelo neoliberal en las políticas macroeconómicas, desregulando el mercado, abriendo la economía a la libertad y a la competencia prácticamente sin control, así como iniciando un proceso de privatización de las empresas paraestatales que se aceleró impúdicamente durante las siguientes administraciones de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.

Es decir, en poco más de tres décadas el papel rector del Estado mexicano desapareció y se dio paso a un naciente esquema neoliberal para traspasar, vender, entregar o regalar la propiedad de los recursos y las empresas a manos particulares, nacionales y extranjeras. En ese momento, particularmente a partir del régimen de Carlos Salinas, se diluyó la función del Estado mexicano con una visión muy particular y una obsesión por la concentración de poder, no nacionalista, sino para dar surgimiento a una nueva generación de empresarios amigos o socios del presidente en turno y a una oligarquía con una riqueza y una influencia que jamás habían soñado tener, salvo unas cuantas y auténticas excepciones. Las complicidades, los prestanombres, la información confidencial, las concesiones y el tráfico de influencias surgieron en todo su esplendor para beneficio de unos cuantos.

Las fortunas acumuladas al amparo de esas prácticas contrarias al interés nacional y al de las mayorías no tienen precedente y los resultados hoy lastiman y ofenden a la gran mayoría de los mexicanos que viven en la marginación, en la pobreza y en la frustración. En la actualidad nadie sabe con certidumbre lo que sucedió, o cómo se utilizaron los recursos públicos que se supone se obtuvieron con el proceso de privatización. Hoy es todavía una interrogante y una deuda social que los responsables tienen que aclarar ante el pueblo de México, que había sido, y es todavía, dueño de los recursos y del territorio nacional.

Como toda esa estrategia se acompañó de una campaña intensa de propaganda, publicidad y uso de los medios de comunicación para engañar y confundir a todos, hoy estamos en una situación de complicidades y sociedades comunes entre la nueva oligarquía y los propios comunicadores en un sistema inmoral y de traición al pueblo de México que eligió a esos gobernantes involucrados, desafortunadamente sin muchas alternativas para el futuro del país, más que le regresen al verdadero dueño, la nación, lo que le quitaron, pero esto parece idealista, romántico y fuera de la realidad del mundo de la inmoralidad en que vivimos.

Entonces, ¿quiénes son los dueños de México? ¿Los políticos cínicos e inmorales, los empresarios ambiciosos y deshumanizados, los partidos políticos, las empresas trasnacionales, la oligarquía doméstica, los sindicatos corporativos, las organizaciones del crimen organizado, la Iglesia, el pueblo de México? ¿Quién es el verdadero propietario del país y de su riqueza? Esta es una pregunta clave para definir el estado actual, el rumbo y el destino de la nación mexicana.

En muchas ocasiones en México hemos visto lo peor del ser humano y con menos frecuencia lo mejor también. Muy pocas veces se exhibe la generosidad y la solidaridad de los que más tienen, a costa del esfuerzo y el sacrificio de los que menos poseen. La educación, los principios y valores, la moralidad y la ética, así como la pasión de servir y no servirse y de entregarse con todo por el bien de la mayoría, son casi inexistentes.

En la actividad económica y en la vida política el tema de la desigualdad y la concentración de la riqueza es fundamental y no se puede ignorar. Tampoco la explotación de la mano de obra y de los recursos naturales puede pasar inadvertida, si no se evalúan correctamente y se cuantifican los efectos perniciosos para la sociedad, tanto por la forma como por los métodos que utilizan las corporaciones para obtener las mayores ganancias y beneficios, aun a costa de la vida y la salud de los trabajadores y empleados; incluso también al terrible costo, muchas veces irreversible, de romper con la ecología y el medio ambiente, o bien la estabilidad y la paz laboral.

Hoy el mundo y México en particular necesitan urgentemente de una nueva, mejor y más justa racionalidad económica, al mismo tiempo que de nuevas leyes y normas que definan claramente la función del Estado y de las empresas beneficiadas, así como las reglas y el marco jurídico de su comportamiento, al mismo tiempo que determinen y fijen su conducta y su responsabilidad social, cambiando y corrigiendo los sistemas de producción y de generación de riqueza.

Aunque en la realidad todos los agentes económicos, empresas y gobierno aparentemente actúan y se relacionan directamente en la sociedad según las leyes. Frecuentemente existen lazos de complicidad y corrupción, en la práctica o en la vida diaria la ley no se cumple y el estado de derecho es sistemáticamente violado, sin respetar seriamente el compromiso político y el grado de conciencia social que son indispensables. Como consecuencia, existe una gran impunidad con la que actúan muchos empresarios y autoridades que generalmente son los más deshonestos del país.

De ahí que a manera de una conclusión inicial sobre la propiedad original de la nación, podemos afirmar que, o reconstruimos a la sociedad y nos concientizamos más igualitaria y socialmente, o el destino de nuestra patria estará siempre marcado por la desigualdad, la marginación, la pobreza y la inestabilidad.

En recuerdo y con todo cariño para mi querida hermana Hilda Ruth