La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que da la razón a las controversias constitucionales del Ejecutivo federal contra las leyes de transparencia y anticorrupción de los estados de Veracruz y Chihuahua que pretendían dar impunidad a Javier y César Duarte, respectivamente, fue reconocida por diputados federales de PRI y Morena.

El coordinador del Revolucionario Institucional, César Camacho, consideró que la SCJN seguramente encontró desapego a la Constitución y ahora ambos congresos deberán emitir normas y tomar decisiones acordes con el Sistema Nacional Anticorrupción, pues éste obliga a todos los estados a homologar sus leyes en la materia.

Ello demuestra que funciona el principio de frenos y contrapesos no sólo entre poderes, sino en el sistema de contrapesos entre ámbitos de gobierno, es decir, las legislaturas locales tienen facultades pero también limitaciones. Ninguna decisión, ley, decreto o acuerdo puede ser tomado a contrapelo de las disposiciones constitucionales.

Decisiones colegiadas

–¿Se esperaría un nuevo intento de esas legislaturas (de Veracruz y Chihuahua) por mantener la defensa de los actuales gobernadores? –se le insistió.

–Cada quien asume la responsabilidad de las decisiones que toma, personales o grupales. En el caso del Congreso, independientemente de dónde haya provenido la iniciativa, son decisiones tomadas de manera colegiada, entiendo que además por una fracción partidaria.

–¿Qué impacto tendrían esas conductas en el PRI?

–Creo que son asuntos jurídicos, no políticos, de los que el PRI es ajeno. Son decisiones que tienen consecuencias, las cuales están ahí. Por lo pronto, la Corte les enmendó la plana. Si lo que quieren es volver a la carga tomando una nueva decisión, lo tendrán que hacer evaluando los considerandos que contiene la resolución de la SCJN.

Por el contrario, para el diputado Emiliano Álvarez, de Morena, la decisión de la Corte responde a la demanda de la mayoría de los ciudadanos por castigar a esos dos gobernadores corruptos. El ámbito de competencia del órgano judicial actuó frente a la complacencia del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue incapaz de castigar tanto a Javier como a César Duarte, a pesar de las evidencias de sus actos corruptos, de violencia contra líderes sociales y periodistas.