La inhabilitación por 30 meses que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a una subsidiaria de Grupo Tradeco deriva de una violación a la fracción quinta del artículo 130 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, por incumplimiento contumaz de diversos acuerdos contractuales, indicaron funcionarios de la institución y abogados de la dirección jurídica de la empresa, la cual creció durante los gobiernos panistas.

Tanto funcionarios como litigantes consultados explicaron que no es una sanción definitiva, ya que puede y será impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA).

Uno de los abogados consultados, quien pidió no mencionar su nombre, indicó que la constructora tramitará en los próximos días una suspensión del acto administrativo, con el fin de que una sala metropolitana del TFJFA ordene que quede sin efecto la inhabilitación, al menos hasta que se revise si la sanción estuvo apegada a la Constitución y a diversas normas secundarias.

El objetivo de esa suspensión es evitar que la participación (de Tradeco) en licitaciones de construcción, como las del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se ponga en riesgo, aseveró el litigante.

Desde que entró en vigor la Ley de Asociaciones Público Privadas se endurecieron las reglas para el cumplimiento normativo y contractual que deben hacer las empresas que firmen convenios con alguna dependencia del gobierno.

El artículo 130 de dicha norma hace extensa la inhabilitación a personas físicas o morales que tengan control de la compañía castigada, en este caso Grupo Tradeco.

Esta última también controla a Innovaciones Técnicas en Cimentaciones y Túneles y Puentes del Pacífico, que participaron en las licitaciones de las pistas dos y tres de dicho aeropuerto y quieren entrar a los concursos del edificio terminal y la losa de cimentación del inmueble.

Según los funcionarios y abogados consultados, la inhabilitación de 30 meses a Tradeco Infraestructura y de tres meses a Grupo IGSA es consecuencia directa del fallido contrato para la construcción del hospital Gonzalo Castañeda para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

En 2014 ambas compañías se asociaron y ganaron una licitación bajo el esquema de la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas. Sin embargo, el contrato fue cancelado meses después, debido a que Tradeco abandonó el proyecto por falta de recursos e IGSA no logró convencer al Issste de permitir la participación de un nuevo socio en el proyecto, de más de 8 mil millones de pesos.

En caso de que el TFJFA no conceda a los abogados de Tradeco la suspensión, aún les queda la posibilidad de recurrir al juicio de amparo, pero hasta que el tribunal administrativo emita la sentencia sobre el fondo del juicio de nulidad de la inhabilitación.