Las autoridades utilizarán el Registro Federal de Electores para corroborar la identidad de cadáveres no identificados o bien de información existente en las bases de datos sobre personas reportadas como desaparecidas, a través de las huellas dactilares que tomen de esos restos las procuradurías y fiscalías, así como los tribunales superiores de justicia de todo el país.

Lo anterior se podrá llevar a cabo luego de que el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, firmó un convenio de colaboración con los representantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Comisión Nacionala de Tribunales Superiores de Justicia.

Las procuradurías y tribunales no tendrán acceso al Registro Nacional de Electores, sino que en cada caso en el que obtengan una huella dactilar de restos humanos localizados en la vía pública, fosas clandestinas o en hechos de violencia y no se tenga certeza de su identidad, la autoridad ministerial o judicial podrá preguntar al INE si en sus registros esa huella coincide con alguno de sus datos; en caso positivo, se formalizará una petición para obtener la información completa y que se pueda contactar a los familiares de la persona fallecida.

Más de 500 millones de huellas

Durante el acto, realizado en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), el presidente del INE señaló que en el padrón electoral existen 83.5 millones de registros al 31 de agosto de 2016, y que 59.86 por ciento de ellos contienen las huellas dactilares; esto representa una base de datos con más de 500 millones de huellas.

El 39.87 por ciento de los registros sólo contienen información de dos huellas dactilares, ya que son los más viejos.

Sin embargo, habrá una renovación gradual de esos registros, ya que, como ustedes saben, la credencial para votar con fotografía, desde la reforma electoral 2007-2008 tiene una caducidad de 10 años, indicó Córdova.

La base de datos multibiométrica de la autoridad electoral nacional, sostuvo, constituye la fuente de información más segura y confiable que existe en nuestro país para identificar a los mexicanos de 18 años y más.

De ahí la importancia del convenio que el INE suscribe ahora con la Procuraduría General de la República, con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, así como con las procuradurías y fiscalías del país, además de los institutos de servicios médicos forenses de las entidades federativas, dijo Lorenzo Córdova.

En tanto, la procuradora general de la República, Arely Gómez González, señaló que este instrumento de cooperación nos permitirá, con absoluto respeto de los bienes jurídicos que aseguran el derecho a la protección de los datos personales, compartir la información contenida en las bases de datos del INE, tanto de identificación biométrica como de huellas dactilares.

La funcionaria expuso que este acuerdo incrementa de forma notable la posibilidad identificar con certeza a las personas no localizadas.