El gasto relacionado con el envejecimiento de la población es una factor adicional de presión sobre las finanzas públicas. Ya ahora, el gobierno federal transfiere más dinero para completar el pago de las pensiones de los trabajadores que cotizan a algunos de los institutos de seguridad social que el destinado durante dos años a la salud o un año a la educación, indican análisis privados e información oficial.

La transferencia de recursos públicos para financiar las obligaciones de seguridad social, principalmente pensiones y jubilaciones, es el renglón del presupuesto federal que más creció en la última década.

Este año las aportaciones del Estado para satisfacer estas obligaciones –que contabilizan como gasto corriente– sumarán 553 mil 632.4 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente. Se trata de una cantidad que supera en 65.5 por ciento a la canalizada en 2010, mostraron datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Un crecimiento promedio de 10 por ciento en el periodo, que supera ampliamente el repunte promedio del producto interno bruto (PIB), de 1.9 por ciento en ese lapso.

En 2016 el presupuesto federal para educación es de 377 mil 425.7 millones de pesos, 2.9 por ciento menor que el ejercido en 2015 y que equivale a 68 por ciento al monto de las transferencias que hace el gobierno para cumplir con las obligaciones de seguridad social, de acuerdo con datos de la SHCP.

Mientras, el presupuesto para salud de este año es de 266 mil 295 millones de pesos –4.3 por ciento menor que el de 2015– y equivalente a 48 por ciento a las aportaciones para la seguridad social, establece la información de la SHCP.

En el presupuesto federal de cada año existe un rubro, conocido como Ramo 19, que engloba las aportaciones a seguridad social del Estado. En este ramo se presupuestan y programan las transferencias del gobierno federal para cubrir el pago de pensiones, cuotas, aportaciones, subsidios y otras erogaciones de seguridad social que otorgan el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, entre otros beneficiarios.

El envejecimiento de la población probablemente presionará de manera importante el crecimiento económico y las finanzas públicas de México. La demanda de servicios públicos de salud, servicios de atención de largo plazo y pensiones estatales podría incrementarse, comentó la firma calificadora Standard and Poor’s, en un reporte especial sobre el tema de pensiones en México.

La demografía de México indica un deterioro gradual en su posición presupuestal hacia 2025, a medida que el gasto relacionado con el envejecimiento –pensiones y cuidado de la salud– continúe aumentando, consideró la calificadora. “De no manejarse, el peso del gasto del gobierno general –incluyendo la seguridad social– podría aumentar de manera significativa a medida que se incrementa el gasto relacionado con el envejecimiento, aunado al ascenso de los intereses conforme crecen los déficit y la deuda. Nuestro análisis sugiere que sin reformas fiscales o estructurales, la deuda neta podría llegar a 185.4 por ciento del PIB hacia 2050 en México. Este nivel es superior a la mediana de una muestra de 50 países, que se ubica en 134 por ciento del PIB”, agregó.