Si su hijo, hermano o padre desa- pareciera, ¿hasta dónde llegaría para encontrarlo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Con quién acudiría?

Familiares en esa condición han hecho todo lo imaginable: desde suplicar hasta ir de una oficina a otra. Han realizado manifestaciones, huelgas de hambre y conseguido a contracorriente estar frente al Presidente de la República para exigir una investigación profesional que dé con el paradero de sus seres queridos, particularmente cuando los autores pertenecen a la estructura gubernamental. Es la desgracia de la desaparición forzada.

Humberto Guerrero, coordinador de derechos humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, litigante en casos de desaparición forzada, advirtió que estamos ante una política de Estado de tolerancia activa, porque las mismas autoridades obstaculizan o manipulan las investigaciones. “Ya no es la política de Estado tradicional, de la guerra sucia en la década de los años 60, con rasgos políticos, sino la vinculación entre criminales y autoridades, ya sea para cometer delitos u obstaculizar las indagatorias. El Estado, además, ha sido negligente en cuanto a la integración de datos sobre esos casos.”

En entrevista, comentó que los familiares de las víctimas se enfrentan no sólo a la impunidad, entendida como protección a los responsables, sino a una maquinaria de Estado que se esfuerza por ocultar la verdad y afirmar que son casos aislados. No reconoce que hay una crisis muy grave, la cual alcanza el nivel de crisis humana.

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, manifestó que ante la crisis de macrocriminalidad, en la que hay gobiernos que trabajan para la delincuencia, al Estado mexicano le falta voluntad política y una estructura de atención eficiente.

Es un problema generalizado, advierte la ONU

Citó un informe del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (de febrero de 2015), el cual alerta sobre el tamaño del reto: es un problema generalizado que se encuentra en 26 de las 32 entidades del país y de altísimo nivel de impunidad, ya que en décadas sólo hay registro de seis sentencias a escala federal.

El gobierno no aceptó la gravedad mostrada por el grupo especializado de Naciones Unidas; sin embargo, señala Patrón, hay pruebas contundentes: no se ha invertido en la investigación de casos de desaparición, no se definen las causas de las agresiones (cometidas por particulares o servidores públicos) y en los reportes sólo generaliza la clasificación de personas no localizadas.

Además, en cuanto a infraestructura, la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene sólo 30 agentes del Ministerio Público, cantidad insuficiente para atender miles de casos pendientes en un contexto de diseño institucional enfocado a perseguir personas, no a buscarlas. Es decir, aunque el gobierno quiera no puede.

Grupos civiles, como el Centro Pro, proponen crear una comisión nacional que fije las políticas públicas ante la problemática de las desapariciones, con el propósito de no dejar la estrategia a discreción de cada entidad y crear un plan nacional de búsqueda.

Más de 2 mil 500 días de dolor

La familia de Héctor Ortiz Rangel, comerciante de 27 años, originario de Querétaro, levantado por policías de Monclova, Coahuila, el 10 de mayo de 2009, ha hecho todo lo mencionado y mucho más. Sin embargo, no hay ningún dato recabado por las autoridades que ate cabos para localizarlo o llevar a los responsables ante la justicia.

Los padres y hermanos de Héctor no han dejado de buscarlo. Llevan más de 2 mil 555 días de dolor.

Como a otros familiares de desaparecidos, esta desgracia los arrancó de su casa y vida cotidiana para andar en lugares a los que jamás pensaron asistir: las entrañas del crimen, el cual tiene cómplices en la policía.

Se cumplen más de siete años de la desaparición de mi hijo, afirma María del Carmen Ortiz. Fue el 10 de mayo, el Día de las Madres.

“Todos los datos claros, nombres y domicilios (que ayudarían a dar con los responsables de la desaparición) los hemos entregado a la autoridad, pero no sucede nada. Hace cuatro años una fiscal de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) me dijo: ‘chaparrita, lo siento, pero tu hijo ya no está vivo’.

“Después llegamos con pruebas y le dije: es que ustedes necesitan estar allá (en Coahuila) para hacer trabajo de campo. Y la fiscal me respondió: ‘yo, a mi chaparrito (agente investigador) no lo voy a exponer.’”

Héctor fue a Monclova a cobrar una deuda por ventas de ropa y zapatos. La última comunicación fue una llamada telefónica. Le comentó a su hermano que venían unas patrullas. Alcanzó a decir el número de los automóviles. Estaba afuera del hotel Confort Inn. Todos esos datos están en la averiguación previa, pero no pasa nada.

“Los desaparecidos son personas con rostro y vida. Yo quisiera ver al Presidente, a cualquiera de su gabinete, a cualquier político, con una hija desaparecida. A ver qué hacen.

“Cuando desaparecen personalidades, empresarios y políticos mueven desde perros hasta la Marina y el Ejército, así como aviones y helicópteros. No puede ser que se desvivan así por una persona y aquí, que somos 28 mil, nadie. ¿En México hay que tener un apellido de renombre para que busquen?

“Desgraciadamente, a mí y a mi familia nos tocó vivir este desgaste económico y moral. Ya no podemos más. Ya pido paz, que se encuentre a mi hijo. De dolor ya no podemos más. Estamos destrozados. A mí, hasta que no me entreguen los restos diré que mi hijo existe.

He estado muy mal. Soy creyente y le decía a Dios: Señor, si no me vas a devolver a mi hijo, ya no quiero vivir. Realmente es lo que siento. Estoy muerta en vida. Estos delincuentes no sólo acaban con una persona, sino con toda la familia. Héctor me hace falta.

En la manifestación del 10 de mayo, el padre de Héctor, Enrique Rangel, marchó también. Hace un mes fue operado del corazón y se ve pálido. Fue a paso lento, pero sin soltar la foto de su hijo. En él también hay dolor y furia por la inacción de las autoridades.

“He dicho a los medios de información internacionales que los investigadores y las autoridades ya deben declararse incompetentes, porque no encuentran a ningún desaparecido. Vergüenza les debería dar cobrar su salario, porque no indagan nada.

Le pregunto al señor Peña Nieto: ¿a cuántos ha encontrado? A ninguno. Que nos dé el nombre, de los más de 28 mil desaparecidos, de alguien que hallan encontrado con sus medios. ¡Que nos entreguen a uno solo!