Ante el fracaso en la operatividad y eficacia que ha tenido la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV), existe hoy un amplio consenso entre diversas organizaciones sociales para modificar de manera urgente la ley general en la materia, aprobada y puesta en vigor hace apenas tres años.

Sin embargo, entre estas organizaciones existen posturas encontradas, ya que hay quienes proponen un replanteamiento de fondo que modifique el modelo institucional de la CEAV, y sean retirados diversos candados normativos que impiden a las víctimas un acceso a la reparación del daño. Por el otro, hay algunas conservadoras que exigen la exclusión de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos, dejando a la comisión como instancia encargada de atender únicamente a las víctimas del delito.

En la primera postura, encabezada por organizaciones de derechos humanos y diversos colectivos, entre ellos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por Javier Sicilia, se propone que en esta nueva reforma se mantengan inalterables los principios garantistas del derecho de todas las víctimas a acceder a la justicia, tal como está redactada actualmente en la ley.

Rechazamos todo intento de excluir del sistema de atención a víctimas a quienes han sufrido violaciones a los derechos humanos, ya que ello constituiría una acto regresivo contrario al principio de progresividad inscrito en el artículo primero constitucional, advierten estas organizaciones en su propuesta entregada al Senado, que, según se ha dicho, incluirá el tema en el actual periodo legislativo que inició el pasado jueves.

Desde la perspectiva de estas organizaciones y activistas, las serias limitaciones mostradas por la CEAV se han generado a partir de los nombramientos de los comisionados de este órgano colegiado, y la emisión de reglamentos que jamás cumplieron con los principios garantistas establecidos por la ley. Todo, en medio de una abierta discrecionalidad, improvisación y burocratización de los procedimientos.

Hoy, parte del replanteamiento de fondo de este modelo institucional propone que la CEAV deje de ser un órgano colegiado, para convertirse en uno de carácter unipersonal y más ejecutivo, similar al de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, integrantes de estas organizaciones han expresado que el modelo colegiado aplicado en la CEAV es un ejemplo claro de las cuotas partidistas, en que los institutos políticos se dividieron las designaciones de los siete comisionados, aunque casi siempre ha operado incompleto con cuatro integrantes, quienes prácticamente se encuentran enfrentados unos con otros.

En la segunda postura hay grupos como los de Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, que plantean sacar el tema de derechos humanos y crear una comisión que atienda sólo víctimas del delito, con el argumento de que hasta ahora se ha priorizado reparaciones del daño a presuntos delincuentes que alegan ser víctimas de tortura y de violaciones a sus derechos humanos. Este grupo ya entregó también su propuesta de modificación legislativa.

En las semanas recientes, en diversos foros y actos públicos el presidente Enrique Peña Nieto y los grupos parlamentarios de ambas cámaras han expresado su compromiso por impulsar una reforma al modelo de atención a víctimas que permita hacerlo más eficiente, sin que se favorezca a los presuntos delincuentes.

Al parecer, hasta antes de las elecciones del 5 de junio pasado, el PRI ya tenía algunos preacuerdos con el PAN y el PRD para concretar esta reforma, que incluía, entre otros cambios, pasar del modelo colegiado al unipersonal, e incluso nombrar a un nuevo titular de la CEAV.

No obstante, tras la caída electoral del PRI estos preacuerdos se cayeron, por lo que ahora se tendrá que negociar desde el principio dichas reformas a la ley, así como al nuevo titular de la comisión.