En el balance anual de las acciones del gobierno federal para combatir la corrupción, los resultados concretos son escasos en lo que hace a la construcción de un marco legal para crear el sistema nacional anticorrupción (SNA), así como diversos ordenamientos y regulaciones.

En ese contexto, se han aplicado multas a funcionarios públicos federales por mil 189 millones de pesos, ha habido 2 mil 308 inhabilitaciones y 349 destituciones. Además, 226 procesos sancionatorios, con saldo de 80 millones de pesos en contrataciones irregulares de procesos licitatorios.

Aunque el cuarto Informe de gobierno enfatiza la integración del SNA, también reconoce los problemas que enfrenta: ‘‘Uno de los puntos en los que se asienta la corrupción al interior de la administración pública federal es la construcción de redes de alianzas, vínculos y complicidad de algunos servidores públicos para cometer ilícitos.

‘‘Para enfrentar estos actos se instrumentó la estrategia de Usuario Simulado, como mecanismo de verificación de las obligaciones de los servidores públicos, a través del cual se fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones.’’

Asimismo, durante el periodo reportado se da cuenta de la realizacion de 217 auditorías en 32 entidades federativas, en las que se revisaron 29 fondos y programas gubernamentales, entre los cuales destacan aquellos con mayor cobertura en su revisión: los correspondientes a contingencias económicas (Seguro Popular, Fondo Metropolitano, Proyectos de Desarrollo Regional y Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas).

Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, sin observaciones

‘‘Los montos del universo de los 29 fondos y programas federalizados en 32 entidades federativas ascendieron a 132,290.4 millones de pesos; la muestra auditada fue de 106,204.7 millones y la observada de 25,854.5 millones de pesos. El monto observado representó 24.3 por ciento de la muestra auditada.’’

Sin embargo, paradójicamente ninguno de los tres gobiernos de extracción priísta más cuestionados por presuntos actos de corrupción (Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo) destacan entre los que registran mayor número de observaciones. Los estados con mayores montos observados fueron el estado de México, con 5 mil 495.8 millones de pesos, Michoacán, 3 mil 478 millones, y Guerrero, con 2 mil 51 millones de pesos. Además, Sonora, donde concluyó su gestión Guillermo Padrés, fue el que registró mayor número de observaciones, con 206.

En la numeralia gubernamental las diversas acciones instrumentadas entre septiembre de 2015 a julio de 2016 permitieron emitir 516 resoluciones en relación con las contrataciones públicas a la iniciativa privada, de las cuales 226 fueron sancionatorias (43.8%). El importe total de las multas impuestas ascendió a 80 millones de pesos.

El reporte gubernamental para el periodo da cuenta de que, por tipo de sanción, se registraron 3 mil 400 amonestaciones entre públicas y privadas (37.9%), 2 mil 310 suspensiones (25.7%), 2 mil 308 inhabilitaciones (25.7%), 349 destituciones (3.9%) y 607 sanciones económicas.