odavía no sabemos cuál es la cifra de muertos y desaparecidos por el desastre detonado por los “remanentes del huracán Earl” y el gobierno de Rafael Moreno Valle ya fijó los montos que pretende manejar para la supuesta reconstrucción: 2 mil 44 millones de pesos. Mandó 29 municipios a la lista de siniestrados, esos que deben ser atendidos con los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuando los daños verdaderos se presentaron sólo en siete.

Experimentados como son en el tema, lo primero que hicieron él y la secretaria de Desarrollo Urbano, Rosario Robles, fue entregar tarjetas para comprar electrodomésticos en las tiendas Elektra. Los padrones de damnificados, las evaluaciones de daños y necesidades, son manipulables en favor de los intereses de los funcionarios. La entrega de recursos públicos a la empresa Elektra no puede menos que recordarnos que Moreno Valle aparece en cientos o miles de anuncios espectaculares de todo el país en la portada de la revista Vértigo, propiedad de Salinas Pliego, respondiendo al interés del aún mandatario poblano por llegar a la Presidencia de la República.

Sabemos que el incremento de las fortunas de políticos sin escrúpulos se desplegó especialmente desde el desastre ocasionado en 1997 por el huracán Paulina, en las costas del Pacífico mexicano; en respuesta a él y para evitar una reacción popular como la ocurrida en 1985 en la Ciudad de México, los funcionarios se adelantaron a la protesta construyendo apresuradamente casas para reubicar a los damnificados y reparando los daños más visibles en la infraestructura pública. Allí empezó también la intervención de Fundación Azteca en la reconstrucción de zonas desastradas, que tuvo como momento más destacado la edificación de las famosas y desastrosas ciudades rurales sustentables.

Naomi Klein, autora de La doctrina del shock: auge del capitalismo del desastre, ha acertado en develar una de las prácticas de políticos sin escrúpulos, que incurren en actos de omisión para acrecentar los impactos desastrosos de fenómenos como los huracanes, y aprovechar el desastre como fuente de negocios enormemente lucrativos. Éstos, como fue caso del ex presidente estadunidense George W. Bush con el huracán Katrina, resultan ser una amenaza mucho más seria para la sociedad que los propios fenómenos destructivos o que el tan temido terrorismo islamita.

En ayudas y reubicaciones hay muchas fórmulas para hacer negocios ilícitos, pero más inmorales que las transas cotidianas; en este caso se lucra con el dolor y sufrimiento de miles de personas durante mucho tiempo. Recordamos el enorme fraude que llevó a cabo en la gestión de la coordinadora de Protección Civil durante el gobierno de Vicente Fox, Carmen Segura, de la que se comprobó que había desviado mil 300 millones de pesos para, supuestamente, atender desastres en estados que no los tenían. Para evitar que la funcionaria panista fuera a la cárcel, su partido la vistió de diputada plurinominal.

El gobernador de Puebla era el secretario de Finanzas de Melquiades Morales cuando el desastre de 1999 que produjo, además de enormes daños materiales, 350 muertos, tan sólo en la entidad. Se compraron terrenos en contubernio con los propietarios para construir casas para los que habían perdido todo, aunque fuera en lugares del todo inapropiados. Los terrenos y las casas aparecieron en los informes finales a precios de colonia residencial de una gran ciudad. Se pueden enlistar decenas de casos en Puebla y todo el país donde han ocurrido desastres que implican reubicaciones de población.

El desastre de 1999 en Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tabasco, dio pie para que algunos gobernadores crearan una compañía constructora que debía edificar las viviendas en más de 160 reubicaciones. Sin embargo, la empresa, a la que se le pagó algo así como 8 mil millones de pesos, quebró y desapareció, sin saberse nada más de ella; nadie se responsabilizó por ello ni hubo siquiera acusaciones. Todas las administraciones estatales presentaron sus libros blancos del desastre, impecables y bien empastados. En el libro Investigación evaluativa de reubicaciones humanas por desastre, publicado por un equipo de investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social en 2009, se consignaron las diversas vías de esas corrupciones.

La Auditoría Superior de la Federación ha dado guiños en cuanto a la identificación de desacatos e incumplimiento de recomendaciones en sus auditorías relacionadas con desastres, sobre todo en las falencias de la Federación y de estados en programas de protección civil y en la elaboración de instrumentos de identificación de amenazas. La dedicación de dineros públicos a la atención de emergencias, la compra de seguros y las obras de reconstrucción, son materia que debe estar bajo la lupa de combate a la creciente corrupción de los gobernantes, pero al parecer vamos en la dirección contraria.