os medios de Canadá, Estados Unidos y México en las semanas recientes se han ocupado de comentar los propósitos de los dos candidatos a ocupar la Casa Blanca en enero próximo en torno al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado por los gobiernos de los tres países y en vigor desde el primero de enero de 1994. El señor Donald Trump, con la ignorancia que lo distingue, promete acabar con él. Por su parte la señora Hillary Clinton, que conoce mucho mejor lo que pasa en el mundo y México, es partidaria de revisarlo.
En México no es nueva la idea de que urge modificar los términos del TLCAN. Ha sido expuesta muy especialmente por los sectores perjudicados con él y los partidos políticos de oposición. En el Congreso de la Unión ha merecido diversos análisis en los que han intervenido legisladores, empresarios, investigadores y sectores productivos. De estos últimos el que más ha pugnado por variar las actuales reglas del juego es el agropecuario. Existe un importante trabajo elaborado para la Cámara de Diputados por un grupo de expertos encabezados por el ingeniero agrónomo Sergio Reyes Osorio. A las actuales generaciones nada dice este nombre, pero hace 50 años, como director del Centro de Investigaciones Agrarias, reunió a un selecto y multidisciplinario grupo de especialistas que se encargó de analizar la contribución del sector rural al desarrollo social y económico del país. El estudio, fruto de seis años de trabajo, mereció el Premio Nacional de Economía y que El Fondo de Cultura Económica lo publicara con el nombre de Estructura agraria y desarrollo agrícola en México, de consulta obligada para los que desean saber sobre el país del siglo XX. Además, el ingeniero ha ocupado con probidad cargos de importancia en el sector público.
Fue el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional el que encargó en 2000 a Reyes Osorio y otros estudiosos evaluar los efectos del TLCAN en el sector agropecuario. Las conclusiones a que llegaron no dejan dudas: el acuerdo agravó la situación en que se encontraba el campo luego de la severa crisis económica del sexenio de Miguel de la Madrid y la implantación del modelo neoliberal. Como demuestran los autores, aunque México disponía de recursos humanos, 7 millones de hectáreas de riego, otras 20 de buen temporal y mercados externos para colocar los excedentes agropecuarios, se impuso una política cuyos frutos negativos hoy padecemos: abandono del campo por los jóvenes que emigran en busca de empleo a Estados Unidos; convertirnos en el mayor importador de alimentos de América Latina; desmantelamiento de las instituciones creadas para apoyar la producción agropecuaria y a los campesinos. Mientras en el resto del mundo los países subsidian al sector primario (como lo hace nuestro vecino con los productos que exporta a México), aquí se hace lo contrario.
Si en el agro no estallan los conflictos por pobreza y miseria es por las remesas de nuestros connacionales desde Estados Unidos y Canadá, muy superiores a los apoyos que otorga el gobierno al sector rural, que buena parte lo absorben la burocracia y su aliada, la corrupción. Ese abandono oficial hacia el campo se expresa igualmente en la migración hacia los cinturones urbanos marginales, trasladando a las ciudades problemas sin visos de solución y que generan violencia e inseguridad. Bien podrían evitarse si los gobiernos hicieran del sector rural prioridad y a los campesinos ciudadanos de primera, no de tercera como desde hace sexenios.
Y mientras en Estados Unidos los candidatos presidenciales van de lo extremo a la mesura respecto al TLCAN, en México el gobierno duerme el sueño de la irresponsabilidad, del no pasa nada, a la vez que elogia el TLCAN y sus logros. Cuando lo más sensato y urgente es estar preparados para el nuevo escenario: que Estados Unidos suprima o saque mayores ventajas de un acuerdo desigual e injusto, para amplios sectores productivos de nuestro país a fin de complacer a los sindicatos y trasnacionales de ese país, por ejemplo. Una lectura al estudio que Reyes Osorio realizó sobre el tema agropecuario para la Cámara de Diputados sería hoy de mucha utilidad a funcionarios, dirigentes políticos y sociales.
