El gobierno del presidente argentino, el derechista Mauricio Macri, proyecta una nueva ola de despidos en el Estado para fin de año, señala el documento Programa de Análisis de Dotación del Personal, girado a todos los ministerios y organismos descentralizados del Ejecutivo, lo que causó impacto, a sólo horas de la multitudinaria marcha que el viernes pasado rechazó las medidas gubernamentales.

Algunos medios como ámbito.com tuvieron acceso a estos documentos en los cuales se define el objetivo del Poder Ejecutivo de establecer la dotación óptima del personal y también se analiza que teniendo el mapa del Estado, se facilita y viabiliza el diseño de una estructura salarial más equilibrada y adecuada a las responsabilidades de los cargos, lo que favorece la eficiencia de la administración pública.

Dotación óptima de personal, es el eufemismo con que el Gobierno justificará la nueva ola de despidos, señala, a su vez Página 12 y plantea que se trata de adecuar la dotación inicial de empleados públicos a lo que el Gobierno considera una dotación óptima, proceso que apunta a resolver los aspectos cualitativos y cuantitativos de personal, intención que ya fue declarada en privado a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)de la capital.

En otro papel filtrado que corresponde también al Ministerio de Modernización se señala que los contratos de más de 114 mil 962 trabajadores de la administración pública nacional que configuran el 53,9 por ciento del total de empleados públicos. se encuentran bajo análisis, ya desde mayo pasado, lo que se aceleró en estas últimas semanas, respondiendo a los mandatos del Presidente de reducir el empleo público.

Entre diciembre y marzo el Ministerio de Modernización decretó el despido de profesionales, técnicos, científicos, trabajadores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Por otra parte, se elaboró un formulario de preguntas para ser contestadas por los estatales sobre nivel de estudios tareas que desempeñan y cantidad de horas laborales y otras serie de datos, y en esto ATE advierte que las encuestas son implementadas, en varios casos, por consultoras privadas, y en otros, por trabajadores que lograron ser reincorporados tras los despidos del primer trimestre y son ahora obligados a entrevistar a sus propios compañeros.

Sobre las consultoras privadas el secretario general de ATE, Luciano Fernández, dijo que esto es “un hecho sumamente grave porque las consultoras tienen una visión economicista del trabajo, no hacen un análisis desde la política pública… El problema es que con esa lógica, irremediablemente va a haber gente que sobra. Los despidos de principios de año vinieron de la mano de la reducción de la política pública. Vaciaron programas, suspendieron áreas y esa es la razón por la que hoy hay compañeros sin funciones”, sostuvo. Esto será como regresar a los primeros meses de este año, cuando la situación se habrá agravado inevitablemente, advierten los delegados de ATE.

El gobierno y las marchas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, trató de minimizar la multitudinaria protesta que se produjo el pasado viernes cuando diversos sectores se unieron a la Marcha Federal convocada por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) contra los despidos, el tarifazo, el hambre, la pobreza y sostuvo que el gobierno no observa que haya un problema social, y sostuvo que no cree que los que están realizando marchas esté en situación difícil.

Con ironía definió a los miles de participantes como personas “acostumbradas a ser casi paraestatales, que han manejado presupuestos enormes del Estado y que ahora están en una situación distinta, no son parte del Estado“, esto a pesar de que la diversidad de sectores que marcharon y abarcan a una cantidad de gremios que fueron opositores al gobierno anterior.

“Desde el gobiernos de Macri ya varios funcionarios y algunos periodistas y medios del gobierno han hablado hasta de subversivos para calificar a la cantidad de protestas y marchas de millones de argentinos afectados por las medidas durísimas de este gobierno y los miles sin trabajo. Es el anuncio de que preparan la represión”, sostienen delegados gremiales.

Bullrich está en la mirada de organizaciones humanitarias locales e internacionales, después que a partir de un acuerdo con el director nacional de Migraciones, Horacio García, inaugurara la primera cárcel para inmigrantes en Argentina, el pasado 1 de septiembre, ubicada en el popular barrio de Pompeya. La sorpresa primero y la ola de críticas advierten que sólo intentan ocultar los verdaderos motivos criminalizantes y discriminatorios que acarrea el gobierno de Cambiemos y sus políticas neoliberales, agregan los líderes sindicales.

Argentina asumió compromisos por ley de garantizar el derecho de las personas a migrar. La medida atenta contra la normativa N° 25871 de 2004, donde se establece que un/a inmigrante sólo puede ser detenido/a luego de que se acaben todas las instancias posibles de regularizar su situación. La Constitución Nacional establece que deben defenderse los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, concluyen los dirigentes gremiales.