El anteproyecto de la constitución de la Ciudad de México –elaborado por un grupo redactor, que fue nombrado por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera– contiene el reconocimiento de los pueblos indígenas, comunidades y barrios como sujetos de derecho público, garantiza el derecho a la consulta previa, libre e informada y el reconocimiento de la declaración de Naciones Unidas en materia indígena.

El artículo 64 establece que la Ciudad de México tiene una composición pluricultural, plurilingüe y multiétnica sustentada por sus pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, los cuales son aquellos que –cualquiera que sea su situación jurídica– conservan en parte sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión.

En su artículo 65 se reconoce que tienen el carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, garantiza que mantienen el derecho a la libre determinación en sus asuntos internos, de acuerdo con sus sistemas normativos, sin más limitaciones que el respeto a los derechos y libertades de las personas reconocidas por esta Constitución y las leyes en la materia, así como a la dignidad e integridad de las mujeres”.

Tal señalamiento reconoce que la jurisdicción indígena será ejercida por las autoridades comunitarias, de conformidad con lo previsto por la ley, y se especifica que la ley establecerá el régimen de competencias que en materia penal corresponda al fuero común de la ciudad y a los pueblos y comunidades indígenas y barrios originarios, en el marco de su autonomía, tomando en cuenta su derecho a la consulta.

Al conocer el anteproyecto, el titular de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, adujo que salvo pequeñas precisiones o adecuaciones, “es una propuesta avanzada y responde a los añejos reclamos de estos grupos, cuyo impacto será positivo en el plano local y nacional, y ayudará a vencer los viejos fantasmas impulsados por los sectores conservadores, que han difundido falsas ideas acerca de que los pueblos indígenas pretenden crear un Estado dentro del Estado, cuando lo único a lo que aspiran los pueblos es a tener condiciones adecuadas para poder desarrollarse en una marco de respeto y colaboración.”

El asambleísta del PRD Mauricio Toledo se sumó a la postura de Martínez Veloz, pues expuso que, en todo caso, deberíamos revisar lo que pasa en las enormes superficies concesionadas a la minería, donde la presencia de guardias blancas y bandas criminales, solapadas o contratadas por algunos grupos, han impedido las tareas que las leyes establecen como responsabilidad de las instituciones del Estado.

En el texto se propone como obligación de las autoridades de la ciudad consultar a los pueblos y comunidades indígenas, así comoa a pueblos y barrios originarios sobre los asuntos que les conciernen, respetando sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales; fortalecer su participación en la toma de decisiones públicas y garantizar su representación en el acceso a cargos de elección popular, atendiendo al porcentaje de población que constituyan en el ámbito territorial de que se trate.

En lo relativo al derecho al territorio y los recursos naturales, en el anteproyecto se reconoce que tienen derecho a utilizar, desarrollar, controlar y gestionar las tierras y recursos existentes en razón de la propiedad tradicional.