e consigue un grupo de personas ajenas al centro laboral en número mayor a los trabajadores miembros del sindicato a destruir, para promover con ellos una votación y aparentar una nueva mayoría, logrando un cambio de representación gremial y, con ello, facilitar el desplazamiento de los empleados con derechos por otros carentes de toda protección.
Para lograr esta maniobra, el abogado de la empresa contrata a personajes que se dedican a regentear siglas sindicales que venden protección a las compañías. Ellos trabajan
en grupos o bandas que rentan sus servicios para distintas actividades: golpeadores en conflictos laborales, desahucio de inquilinos en juicios de arrendamiento y también para asistir a votaciones emitiendo su sufragio en favor de la persona que los contrató. A los falsos trabajadores, el patrón los inscribe previamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), unos días antes de impulsar un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, solicitando un recuento para cambiar la representación sindical del contrato colectivo. El día del recuento son citados los falsos trabajadores, la empresa exhibe sorpresivamente el registro del IMSS y nóminas elaboradas ex profeso y con ello se integra una supuesta mayoría para ganar la votación. Hoy, en nuestra ciudad, los expendedores de gasolina en la Estación Murcia (Plaza Inn), del Grupo CorpoGAS, denuncian una conducta patronal similar.
En la Ciudad de México existen 340 gasolineras. Los principales propietarios son el Grupo Hidrosina, de la familia Karam, con 60 estaciones compradas a Pemex-Codesa en la época de Carlos Salinas, y el Grupo CorpoGAS, con 35 estaciones propiedad de Ricardo Vega Serrador, dueño a su vez de restaurantes (El Castellano) y tiendas de conveniencia (GoMart); en el estado de México y Quintana Roo cuenta con 70 estaciones más, por ello ha sido llamado el Zar de las gasolineras. También es socio del Grupo Gerardo Desiderio Balcázar Cavero, firmante del contrato colectivo en la estación Murcia Plaza Inn, motivo del conflicto.
Las condiciones en las gasolineras forman parte de ese submundo laboral donde se priva a los trabajadores de sus derechos elementales. Se les conoce como propineros
. A este sector pertenecen los vigilantes de los estacionamientos, empaquetadores en los supermercados o maleteros en los aeropuertos. Los patrones en las gasolineras, salvo excepciones, no sólo se niegan a pagarles salarios y prestaciones, sino que exigen una cuota por derecho de piso
para permitirles laborar en la estación, si no lo aceptan les advierten que sobran otros hombres y mujeres que por necesidad hacen cola para trabajar en esas condiciones. También los obligan a firmar la recepción de un salario que no se les entrega y, adicionalmente, se les exige realizar gratuitamente servicios conocidos como periféricos
, entre ellos venta de aceites, anticongelantes, líquido para frenos e incluso tortas.
En los últimos meses algunos empresarios, alegando los efectos de la privatización y los cambios de reglas, han acelerado la presión buscando abaratar aun más el costo de la fuerza laboral promoviendo que los litros de gasolina no sean exactamente de a litro (usted entiende); el Seguro Social sólo se otorga a unos cuantos trabajadores. Hay historias dramáticas de enfermedades y accidentes sin protección alguna, una de ellas la de Silvia Márquez, quien perdió las dos piernas a causa de un accidente provocado por un chofer de camión, que se las prensó al maniobrar de reversa. El patrón la dio de alta en el IMSS después del accidente para encubrir su responsabilidad. Silvia tiene varios años esperando el final de un largo juicio.
En la estación Murcia Plaza Inn se vivía un ambiente de tranquilidad laboral, con un patrón a quien apreciaban: Benjamín Trillo. Los trabajadores contaban con antigüedades promedio de 18 años, con un contrato colectivo y un sindicato auténtico, el Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas, Expendios Similares y Conexos (STRACC), perteneciente al Frente Auténtico del Trabajo, único gremio democrático de este sector en la Ciudad de México, distinguido por las batallas que ha dado contra viento y marea por el respeto a derechos humanos laborales básicos.
Llegó el tiempo en que CorpoGAS compró la estación y las cosas empezaron a cambiar. El nuevo dueño señaló que no estaba dispuesto a pagar el salario diario de 93.04 pesos a los trabajadores y advirtió que tenía por política tener su propio sindicato. Así, el 4 de enero pasado, a la misma hora y en secreto, dio de alta en el IMSS a 30 personas, y días después impulsó una demanda de titularidad del contrato colectivo ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. El día del recuento sacó de la manga las falsas afiliaciones y la nómina alterada, alegando tener la mayoría, ya que los trabajadores reales son tan sólo 24. La maniobra de los propietarios de CorpoGAS es tan burda que de las 30 personas que acarreó para el recuento, todas viven en Ecatepec, estado de México, y ninguna de ellas ha pisado hasta ahora la estación de gasolina. Así lo certificó la Dirección de Inspección de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, documento que servirá de base para la denuncia penal que promueven los trabajadores en contra de CorpoGAS.
El conflicto en Murcia Plaza Inn es ejemplo de la impunidad con que se conducen algunos empresarios y de la urgencia de generar un frente común para enfrentar estas conductas que lesionan gravemente los derechos humanos. El STRACC y los empleados de Murcia han decidido defender su fuente de trabajo a toda costa. Por lo pronto, acordaron emplazar a huelga por la clara violación al contrato colectivo e impulsar una red de solidaridad a nivel nacional e internacional. Al gobierno de la Ciudad de México corresponde, en primerísimo lugar, poner a estos empresarios en su sitio, para que aprendan a respetar un elemental estado de derecho.
