n el primer acto salieron a escena los señores Nuño Mayer y Díaz de la Torre, secretario de Educación Pública y presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), respectivamente; en el elegante escenario del salón Nishizawa de la SEP, con gran bombo y platillo, frente a todos los medios, el señor Nuño entregó la respuesta oficial al gremio magisterial sobre los 12 resolutivos que éste había presentado. Era un 13 de julio y el acto se llamó: respuesta pronta para todos los maestros de México. En un momento álgido de la confrontación con el magisterio democrático movilizado en casi todo el país, cuyos sólidos argumentos se presentaron en la primera reunión de diálogo en Gobernación que, por cierto, se realizaba paralelamente; en un momento en que una significativa parte de los investigadores educativos se pronunciaba claramente contra los procesos y mecanismos de evaluación impuestos y de su operación articulada, además, con la presencia de miles de soldados y policías federales en las sedes de aplicación, el gobierno decide presentar en este acto al interlocutor magisterial válido: el SNTE, al que le otorga la respuesta de que se revisará la evaluación a docentes.

La movilización nacional, los argumentos rigurosos presentados tanto por la CNTE como por los diversos investigadores educativos evidentemente hicieron mella, los graves problemas que presentó el proceso de evaluación estaban a la vista, eran contundentes. Siguen siéndolo. No se trató solamente de los elementos llamados punitivos, que implican la clasificación de no idóneo y el consecuente cese de los docentes y/o su jubilación o transferencia a puestos administrativos, sino de un conjunto de procesos que se desataron, como la desprofesionalización de la función magisterial, la subsunción de las normales, la centralización total del funcionamiento del sistema, la arbitrariedad del instrumento estandarizado, el despliegue de medios para instrumentar una intervención y la violencia ejercida sobre todos los sujetos, entre otras. Frente a ello, era necesario crear un interlocutor meritorio (al cual seguramente le redactaron el guión de su intervención con sus 12 resolutivos), con reuniones programadas, en un ambiente de gran cordialidad, y el acto final: el reconocimiento otorgado a los que se portan bien, de que se revisaría el proceso de evaluación. Jamás acreditar el mérito de los movilizados.

Segundo acto: corren los primeros días de agosto; se presentó con más relumbrón aún el denominado Modelo Educativo, que incluye Fines de la educación y Propuesta curricular. Finalmente, después de prácticamente cuatro años se presentó el documento que, en opinión de muchos, debió anteceder a la reforma educativa, o bien, cobijarla, justificarla, explicarla. La aprobación sin una verdadera discusión de las leyes secundarias de la reforma, que incluyeron las relativas al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y al Servicio Profesional Docente, la evidente carencia del conjunto de elementos que normalmente integran una reforma educativa en el sentido amplio de la palabra, llevó a bautizarla como la mal llamada reforma educativa, nombramiento que difícilmente se podrá quitar de encima.

Inmediatamente llovieron los comentarios, no solamente en el foro organizado por la CNTE, donde González Casanova, Gilly, Díaz Barriga, Hugo Aboites, Pérez Rocha y otros miembros del comité de asesores de la CNTE se expresaron, sino en la prensa, en las redes. El modelo que se presentó es, en resumidas cuentas, una contradicción total frente al modelo de la reforma, su sistema de evaluación y todas sus implicaciones. Por ejemplo: ¿cómo compaginar la autonomía curricular y de gestión escolar que propone, con un sistema centralizado y estandarizado de evaluación del desempeño docente? Tan contradictorio es sustentar al mismo tiempo estos dos modelos completamente opuestos que el ex subsecretario de SEP Olac Fuentes lo calificó de Dr. Jekyll y Mr. Hyde; ingeniosa y significativa imagen.

Tercer acto: sacan a escena al INEE a explicar el alcance de las modificaciones que se plantean, pero a ratificar que la evaluación que se aplicó, a pesar de todo, fue pertinente y justa. Desde las declaraciones realizadas en julio se percibió claramente una división de opiniones en el instituto entre quienes asumieron una crítica abierta y quienes enmascararon y siguen asumiendo el papel de justificación incondicional del gobierno. Guevara Niebla planteó directamente que “desde el principio se hicieron mal las cosas, mucha presión política, se definió a la carrera perfiles, parámetros, indicadores… además, para dirigir el proyecto más importante de la reforma educativa se puso al frente a un administrador, que es muy bueno para ver números, mover plazas, pero nada más” (citado por M. Pérez Rocha, La Jornada, 25/8/16); a buen entendedor pocas palabras. Teresa Bracho y Sylvia Schmelkes cierran filas en este último acto y presentan modificaciones totalmente insuficientes: la evaluación será voluntaria sólo por un año, y será obligatoria para los 24 mil maestros no idóneos, los que se evalúen voluntariamente tendrán aumento de horas, estímulos y reconocimientos. Este año se revisarán los instrumentos, serán menos preguntas, las etapas 2 y 3 en realidad se compactarán en una sola que las incluye con otra presentación, la de un proyecto educativo que integra la planeación e implementación de una secuencia didáctica y la reflexión en torno a los aprendizajes esperados. La etapa definitiva seguirá siendo la aplicación del examen de bolitas en una sede, pero en diferentes fechas, para no tener ahora a todos los maestros juntos al mismo tiempo. Afinan las tácticas para lograr la misma estrategia. Fin de la obra.