La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa (ALDF) aprobó un proyecto de dictamen que reforma y adiciona la legislación en la materia y de ser avalada por el pleno obligará a las delegaciones políticas a crear un órgano técnico encargado de asesorar a ciudadanos, asociaciones y comités vecinales en la elaboración de propuestas para el presupuesto participativo, así como calificar su factibilidad técnica y financiera.

Lo formarán, entre otros, el titular de la demarcación, el consejo ciudadano delegacional, las áreas administrativas vinculadas a la ejecución de los proyectos y un representante de la contraloría interna. Y entre los aspectos a verificar están posibles afectaciones al suelo de conservación, reserva ecológica, áreas naturales, así como al patrimonio cultural.

Al exponer el proyecto, la presidenta de la comisión, Vania Roxana Ávila García, de Movimiento Ciudadano, resaltó que el gobierno central y las delegaciones están obligados a ejercer los proyectos del presupuesto participativo antes de la conclusión del año fiscal que les corresponda y en los casos que no se haya cumplido y aplicado en su totalidad, la Contraloría General, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Secretaría de Finanzas y el Instituto Electoral local deberán garantizar la aplicación de los recursos a los proyectos que hayan sido ganadores.