En el foro La tortura en México, el presidente del Instituto Belisario Domínguez (IBD), el perredista Miguel Barbosa, subrayó que en México sí existe una crisis de derechos humanos y, en este contexto, no ha sido fácil el trabajo para aprobar la ley que impida la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El también coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) apuntó en la ceremonia inaugural del foro que la labor del Poder Legislativo ha sido motivo de muchos obstáculos, de muchas presiones de las instituciones del Estado que permanentemente se ven involucradas en este tipo de comportamientos (violaciones a derechos humanos).

Destacó que el combate al crimen organizado, que desde luego tiene que desarrollarse desde la visión de la estrategia y la fuerza policial, no debe verse como la guerra de exterminio. En ese tenor, refirió que en otro país una conclusión como la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –en la que se acusó que 24 personas fueron ejecutadas y una más incinerada en Tanhuato, Michoacán– hubiera sido de un enorme impacto, pero aquí, incluso, en algunos medios de comunicación se minimizó y se cuestionó el papel del ombudsman nacional en el caso.

Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional (AI) México, comentó el informe Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, investigación de esa organización –presentado a la opinión pública el 28 de junio pasado– que incluyó 100 testimonios de mujeres recluidas en cárceles federales, acusadas por delitos de delincuencia organizada.

Penman destacó que la tortura contra mujeres en México concentra datos escalofriantes. De los 100 testimonios de mujeres encarceladas, 97 manifestaron que sufrieron violencia física al ser detenidas; 72, violencia sexual, y 33 fueron ultrajadas.