Los momentos más difíciles del problema de la desaparición de personas encontraron su tope en 2011 y 2012; de ese lapso procede una cantidad muy importante de los casos que atendemos actualmente, señaló Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, han seguido presentándose desapariciones, en las que participan, sobre todo, corporaciones municipales y estatales.

En los casos emblemáticos de desaparición forzada en México (en especial los casos Iguala, en Guerrero, o Tierra Blanca, en Veracruz), se ha combatido la impunidad, al llevar a los presuntos responsables ante el juez, aseguró.

“¿Por qué los perpetradores desaparecen a sus víctimas? Porque así han garantizado impunidad; porque han partido de la premisa de que si desaparecen a una víctima, desaparecen el delito y, en consecuencia, no los van a perseguir.

Entonces, lo que estamos haciendo en estos casos emblemáticos es garantizar que no haya impunidad, que todos los involucrados en una desaparición sean puestos a disposición de los jueces. Eso es lo que ha pasado en Tierra Blanca, y es el compromiso en Papantla e Iguala, indicó Campa.

Un tema fundamental en esta lucha tiene que ver con la reforma legal en torno a las corporaciones policiales. La propuesta está en manos del Poder Legislativo, subrayó.

–Ya estamos a más de la mitad de sexenio y las cifras de desaparecidos se encuentran al alza o no hay bajas significativas...

–Se está trabajando de la única manera en que se puede hacerlo, que es rompiendo la cadena de impunidad. En ninguno de los casos emblemáticos de esta administración se puede hablar de ella. El compromiso es que no haya nadie que quede impune, y se acredita la decisión de ir por los responsables, donde quiera que estén.

“En Ayotzinapa, Tierra Blanca y Papantla hay personas sujetas a proceso, servidores públicos, policías, miembros de los gobiernos locales e integrantes del crimen organizado.

También el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ha enviado un mensaje a la tropa y a los mandos acerca de que sólo deben cumplir con las instrucciones contenidas en las leyes militares. Ahí también hay señales y hechos concretos que acreditan la voluntad de que cualquier instrucción en sentido contrario no debe acatarse.

El gobierno federal y legisladores continúan trabajando para dictaminar la ley de desaparecidos. No hemos dejado de trabajar, sostuvo Campa Cifrián.